La escena lo dice todo. Mientras bomberos, brigadistas y campesinos tolimenses combatían las llamas en las montañas, un vehículo de servicio público ardía en el sector de La Hamaca, en la vereda Mesa de Pole, sobre la vía que comunica los municipios de Ataco y Planadas, en el sur del Tolima. No fue el fuego del monte: fue, según la gobernadora Adriana Matiz, obra del frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las FARC.
Matiz lo denunció sin rodeos a través de X: «Mientras nuestros bomberos, socorristas, campesinos, brigadistas y comunidades arriesgan la vida en las montañas combatiendo las llamas, unos cuantos delincuentes miserables y cobardes, integrantes de las disidencias de las Farc, frente Gerónimo Galeano, decidieron atentar contra la tranquilidad del departamento, incinerando un vehículo de servicio público en el sur». La mandataria no dejó espacio para la ambigüedad: «Este es un ataque vil contra todo el pueblo tolimense, en un momento de tragedia ambiental».
El contexto agrava el cuadro. Los incendios forestales que azotan el Tolima han arrasado más de 30.000 hectáreas y generado pérdidas superiores a $44.000 millones en el sector agropecuario, según los datos disponibles. Nueve focos activos mantenían al departamento en alerta máxima al momento del ataque. Es en ese escenario —recursos de emergencia estirados al límite, atención pública concentrada en las llamas— donde ocurre la incineración del bus.
La gobernadora anunció el despliegue inmediato de la Fuerza Pública para identificar y capturar a los responsables. «La instrucción es de persecución implacable», afirmó. Además, anticipó que llevará al Comité de Orden Público una solicitud de recompensa de hasta $100 millones para quienes aporten información útil, y que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía acompañada de las pruebas disponibles.
El ataque al vehículo no llega solo. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, había visitado el Tolima el fin de semana anterior y señalado que el Gobierno maneja varias hipótesis sobre el origen de los incendios, entre ellas una posible participación de estructuras vinculadas con la minería ilegal y de disidencias de las FARC en la generación de quemas. Según Lara, algunas de esas acciones buscarían distraer a la Fuerza Pública y generar desorden en el departamento. La propia Matiz afirmó tener «serios indicios de manos criminales» detrás de al menos parte de las conflagraciones.
Los detalles cuentan la historia. La vía Ataco-Planadas es corredor histórico de grupos armados en el sur del Tolima. Quemar un bus de servicio público en ese tramo, en el pico de una emergencia ambiental, no es un acto aleatorio: es un mensaje de presencia territorial dirigido a las comunidades y al Estado.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El Tolima concentraba la atención nacional por los incendios; los organismos de socorro operaban al límite; la opinión pública miraba hacia las montañas en llamas. En ese momento, el frente Gerónimo Galeano —según la gobernadora— eligió actuar. La simultaneidad entre la crisis ambiental y el ataque armado refuerza la hipótesis oficial de que el caos no es accidental sino instrumental.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el episodio expone una realidad que el Gobierno Petro ha preferido gestionar con eufemismos: los grupos armados ilegales no están en proceso de paz funcional en el Tolima; están operando, expandiendo control territorial y aprovechando cada grieta del Estado para consolidarlo. El aparato estatal desplegado en emergencias humanitarias se convierte, en esa lógica, en una oportunidad para las disidencias, no en un disuasivo. Mientras el ejecutivo nacional acumula hipótesis, la gobernadora Matiz pone nombre y apellido al agresor y exige respuesta. La diferencia de tono entre Bogotá y Ibagué dice más que cualquier comunicado oficial.
