La escena lo dice todo. Cuatro magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia firmaron una carta contra su propia colega y la enviaron a dos instancias distintas: la Comisión de Acusación e Investigaciones de la Cámara de Representantes —el órgano competente para investigar magistrados— y al procurador general, Gregorio Eljach. El destinatario implícito era la magistrada Cristina Lombana.
Los firmantes son Francisco Javier Farfán, Marco Antonio Rueda, César Augusto Reyes y Misael Fernando Rodríguez. El detonante: la forma en que Lombana condujo la investigación contra la senadora Martha Peralta, vinculada al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Corte Suprema abrió en mayo una investigación contra Peralta por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. La Fiscalía había señalado previamente a la senadora como un presunto enlace con el exdirector de la entidad, Olmedo López, en una estrategia para direccionar contratos a cambio de respaldo político a las reformas del Gobierno en el Congreso. Peralta, en su diligencia de indagatoria ante Lombana, sostuvo que era víctima de persecución política.
El punto más caliente del expediente es una decisión del 18 de junio: Lombana ordenó la detención de Peralta para garantizar su asistencia a la indagatoria. La medida se extendió durante un fin de semana. El abogado defensor Carlos Fernando Díaz radicó el 7 de julio un escrito ante la sala especial advirtiendo posibles afectaciones al derecho de defensa y al debido proceso de su cliente, además de cuestionamientos sobre el ejercicio de las facultades coercitivas. Ese documento fue el combustible que encendió la carta de los cuatro magistrados.
Lombana no guardó silencio. Defendió la legalidad de sus decisiones y calificó los cuestionamientos como parte de «ataques reiterados» en su contra. Fue más lejos: habló de machismo y del papel de la mujer en los altos cargos de la justicia. Señaló que cuatro de los cinco hombres que integran la Sala han promovido de manera reiterada su apartamiento de procesos a su cargo. Y subrayó un dato de contexto que no es menor: la carta circula cuando faltan pocos días para que termine su periodo de ocho años en la Corte Suprema.
Los detalles cuentan la historia. Lombana ya había sido apartada de otros procesos, entre ellos uno relacionado con Armando Benedetti, y ha enfrentado varias recusaciones. La tensión con sus colegas tampoco es nueva: en 2020 cuestionó al magistrado César Reyes por un supuesto vínculo de amistad con el senador Iván Cepeda, relación que Reyes negó.
Lo que está en juego, en el fondo, es la credibilidad del tribunal que tiene en sus manos algunos de los casos más sensibles del país. La investigación contra Peralta toca directamente al entorno político del Gobierno: según la Fiscalía, el presunto esquema de la UNGRD habría servido para comprar votos en el Congreso a favor de las reformas oficialistas. Que la magistrada instructora sea ahora objeto de una queja formal firmada por cuatro de sus pares —y que esa queja llegue justo cuando el proceso avanza— no es un detalle administrativo. Es una señal de que la trastienda del poder judicial colombiano está tan fracturada como la arena política que debe arbitrar.
Para Hemisferio, el episodio confirma un patrón preocupante: las instituciones llamadas a garantizar el estado de derecho operan con sus propias grietas internas, y esas grietas pueden convertirse en palancas. Cuando la justicia se fragmenta en facciones, el ciudadano común —y el inversor que evalúa el riesgo institucional del país— tiene razones fundadas para dudar de que el proceso penal siga su curso sin interferencias. Colombia necesita tribunales que investiguen con independencia, no salas donde los magistrados se investigan entre sí mientras los expedientes de corrupción esperan resolución.
