La escena lo dice todo. Mientras las comunidades del sur del Chocó todavía contaban sus pérdidas tras el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto, otro tipo de sacudida llegó el 23 de agosto: un dron cargado con explosivos estalló sobre civiles en la zona del río San Juan. Tres personas resultaron heridas. Noventa familias huyeron hacia Barranco, Charco Largo y Charco Hondo.
La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió este martes 25 de agosto un comunicado de alerta: en los municipios de Sipí y Nóvita, en el sur del departamento del Chocó, el Clan del Golfo —descrito por la propia entidad como «la banda criminal más grande del país»— y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) libran combates activos en medio de la emergencia humanitaria generada por el sismo, cuyo epicentro fue San José del Palmar.
«En medio de la emergencia humanitaria generada por el sismo, con epicentro en San José del Palmar, se registran múltiples hechos violentos entre los municipios de Sipí y Nóvita que han afectado a la población civil», señaló la Defensoría en su comunicado.
Desde el 10 de agosto, según datos de la entidad, los combates han restringido la movilidad y las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales de las comunidades de la zona. «La confrontación ha provocado el desplazamiento de cientos de familias y mantiene en confinamiento a otras comunidades», agregó el organismo.
Las poblaciones más expuestas son las que integran el Consejo Comunitario Acadesan y el pueblo indígena Emberá. Para la Defensoría, las confrontaciones «aumentan el riesgo y la vulnerabilidad» de estas comunidades étnicas, que ya enfrentaban antes del sismo condiciones de extrema precariedad: sin vías de acceso, sin agua potable, sin energía eléctrica y con infraestructura sanitaria, educativa y hospitalaria limitada.
La entidad hizo un llamado formal a los grupos armados para que «respeten estrictamente las normas del Derecho Internacional Humanitario, en particular los principios de distinción, precaución y protección de la población civil». También instó a las autoridades del Estado a activar «de manera inmediata las rutas de atención humanitaria» y a garantizar condiciones seguras para el desplazamiento de las personas.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El terremoto no creó el vacío de poder en el Chocó: lo reveló. La región del San Juan lleva años siendo escenario de disputa entre el ELN y el Clan del Golfo, dos organizaciones que operan con una lógica territorial implacable. La emergencia humanitaria no detuvo los combates; los aceleró. El sismo desorganizó a las comunidades, interrumpió las comunicaciones y redujo la presencia institucional, condiciones que los grupos armados leen como oportunidad.
Los detalles cuentan la historia. El uso de un dron con explosivos contra población civil no es un incidente menor: es una señal de la capacidad tecnológica y la disposición táctica de los actores armados que operan en esa selva. No es la guerra de machetes de otra época.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el cuadro es difícil de disociar del contexto político más amplio. El gobierno de Petro ha apostado por una política de «paz total» que incluye negociaciones simultáneas con el ELN y acercamientos con otras estructuras armadas. Lo que ocurre en Sipí y Nóvita es la fotografía de lo que esa política produce sobre el terreno cuando el Estado no tiene presencia real: los grupos no negocian la paz entre sí, se disputan el territorio. Las comunidades indígenas y afrodescendientes del Chocó —las más pobres, las más aisladas, las que el Estado colombiano nunca terminó de alcanzar— pagan el precio de esa ecuación. El aparato estatal llegó tarde al terremoto y llega tarde a la guerra. La pregunta que nadie en Bogotá responde con claridad es cuándo llegará a tiempo.
