La escena lo dice todo.
Laurie —nombre ficticio que usa por miedo a represalias del gobierno— era la gerente de turno cuando dos hombres de civil se acercaron a un agente de puerta y se identificaron únicamente como «oficiales federales». No había aviso previo. Las credenciales no estaban a la vista. Pidieron que se llamara a una pasajera por el sistema de altavoces del aeropuerto.
Laurie se acercó y exigió identificación. Los hombres mostraron entonces sus placas: eran agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La pasajera se presentó en el mostrador y fue detenida. Cuando Laurie pidió ver una orden judicial, los agentes le dijeron que estaba en su automóvil. La siguió hasta un vehículo sin identificación y con placas de otro estado. Allí le mostraron una orden administrativa —no firmada por un juez—. «Esto no es un criminal. Esto es inmigración, es diferente», le dijeron antes de esposar a la mujer y partir. TIME revisó el video del incidente filmado por Laurie.
«Porque nunca había visto esto antes, estaba bastante alterada, pensando: '¿Qué hago?'», dijo la supervisora.
Una presencia que se vuelve rutina
Lo que vivió Laurie no es un caso aislado. Múltiples agentes de puerta que trabajan en aeropuertos de Colorado, Texas y Arizona han contado a TIME que los agentes de ICE se han convertido en una presencia recurrente en las últimas semanas. Los empleados dicen que los oficiales les han pedido ayuda para identificar o localizar pasajeros, acceso a sistemas informáticos internos de las aerolíneas y entrada a zonas restringidas como los puentes de embarque y, en algunos casos, a las propias aeronaves.
El problema central es la falta de protocolo claro. La experiencia previa de Laurie con fuerzas del orden federales seguía un esquema distinto: notificación anticipada, uniformes visibles, credenciales a la vista y órdenes judiciales firmadas por un juez. Lo que describe ahora es otra cosa.
La meta de 2.000 arrestos diarios
El aumento de operativos en aeropuertos responde a un objetivo de la Casa Blanca: 2.000 arrestos por día, cifra confirmada a TIME por un funcionario de ICE que no estaba autorizado a hablar públicamente. El mes pasado se informó que la agencia realizaba un promedio de entre 20 y 40 arrestos diarios en aeropuertos, apuntando, entre otros, a viajeros con visas vencidas y casos de asilo pendientes.
El 21 de julio, dos agentes de civil arrestaron a Chantal Morales Rojas, una mujer ecuatoriana de 27 años, en el puente de embarque del Aeropuerto Internacional de Denver, según un video ampliamente difundido. Ese mismo día, ICE detuvo a un docente etíope de la Universidad de Maryland en el Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth.
Las operaciones se han visto facilitadas por un programa de intercambio de datos entre agencias federales. Desde mayo de 2025, ICE obtuvo información de viajeros a través de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) bajo un programa que no había sido divulgado previamente, según un memorando desclasificado publicado por el grupo de vigilancia American Oversight. El New York Times informó que el programa da a ICE acceso a nombres y fechas de nacimiento de pasajeros que la agencia considera sujetos a arresto migratorio.
Bajo la administración Trump, las órdenes administrativas —que administraciones anteriores reservaban para personas ya en proceso de deportación— se usaron también en casos de inmigrantes que estaban activamente renovando su estatus migratorio. «En el pasado, personas así nunca fueron priorizadas para deportación si no representaban ninguna otra amenaza a la seguridad pública, dado que estaban tomando medidas para cumplir con la ley», dijo Nayna Gupta, directora de política del American Immigration Council. Los retrasos en el sistema migratorio, agregó, pueden dejar a inmigrantes sin protecciones legales mientras sus solicitudes están pendientes.
ICE también puede realizar arrestos sin orden en ciertas circunstancias si tiene causa probable para creer que alguien está en el país sin estatus legal y podría escapar si no es detenido de inmediato. Gupta señaló que esa autoridad ha sido abusada en operativos migratorios anteriores.
Lo que está en juego
La trastienda de estos operativos revela una tensión real entre dos principios legítimos: el control efectivo de la inmigración ilegal —una función soberana del Estado que ningún gobierno serio puede abdicar— y la cadena de custodia jurídica que protege a todos los viajeros, incluidos ciudadanos y residentes legales, de detenciones arbitrarias.
El problema no es que ICE opere en aeropuertos. El problema es la zona gris que se crea cuando los protocolos son inconsistentes, las credenciales no están a la vista y los empleados privados quedan convertidos, sin formación ni respaldo legal claro, en auxiliares de facto de una agencia federal. Esa ambigüedad no sirve ni al orden migratorio ni a la seguridad jurídica. Sirve, sobre todo, al caos.
