La madrugada del lunes, mientras Kenscoff dormía, llegaron las bandas. Lo que dejaron atrás —cadáveres en las calles, una iglesia atacada, decenas de casas en llamas— resume con brutalidad el estado de un país que lleva más de 20 meses sin poder proteger a sus propios ciudadanos.
La agencia EFE pudo constatar al menos una veintena de cadáveres en la zona a la que tuvo acceso. Medios locales elevaron el número de muertos a 47. Entre las víctimas, según esos mismos medios, hay mujeres, niños y jóvenes. Las bandas también atacaron a personas desplazadas que se habían refugiado en una iglesia e incendiaron decenas de viviendas.
La Oficina de Protección del Ciudadano (OPC), institución pública de defensa de los derechos humanos, expresó su «profunda» consternación y condenó «con la mayor firmeza» los hechos, en los que, según indicó, fueron asesinadas «varias decenas de personas». La OPC pidió al Consejo Superior de la Policía Nacional y a las autoridades competentes adoptar medidas urgentes para restablecer de manera duradera la seguridad en Kenscoff, proteger a la población y esclarecer los crímenes.
La respuesta del Estado llegó horas después, en forma de visita. El director general de la Policía Nacional de Haití, Jonas André Vladimir Paraison, y el comisario del Gobierno ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, Fritz Patterson Dorval, se desplazaron a Kenscoff tras el ataque. Cientos de habitantes ya se habían concentrado frente al comisariado para denunciar la inseguridad y reclamar una respuesta concreta de las fuerzas del orden. Los manifestantes cuestionaron la gestión estatal y señalaron la falta de medidas para frenar la violencia que afecta a la comuna desde hace más de 20 meses.
El expresidente provisional Privert también condenó el ataque. «Ante esta espiral de violencia, no podemos acostumbrarnos al horror ni permanecer indiferentes», escribió en Facebook, reclamando al Estado asumir plenamente su responsabilidad de proteger a la población.
Los detalles cuentan la historia. Las bandas responsables integran la coalición armada Viv Ansanm y buscan consolidar su presencia en Kenscoff por razones estratégicas: la zona es una puerta hacia el departamento del Sudeste y hacia la ciudad de Jacmel, que hasta ahora había permanecido relativamente al margen de la violencia que devora el área metropolitana de Puerto Príncipe. Tras los ataques, los grupos armados suelen replegarse hacia barrios fronterizos como Carrefour, donde la presencia del Estado es muy limitada.
Los números de fondo son igualmente devastadores. Según datos de la ONU, la violencia en Haití causó en los primeros cinco meses del año al menos 2.310 muertos y 1.106 heridos. Se perpetraron al menos 99 secuestros; 699 personas, especialmente mujeres y niñas, fueron víctimas de violencia sexual, y cientos de menores siguen en manos de redes de trata. Unos 5,8 millones de haitianos —aproximadamente el 52 % de la población— sufren inseguridad alimentaria, y la cantidad de personas desplazadas alcanzó el año pasado 1,4 millones, un nivel sin precedentes según organismos internacionales.
La escena lo dice todo. Un Estado que llega a constatar los muertos, no a prevenirlos. Una coalición armada que se mueve con libertad táctica entre comunas, elige objetivos estratégicos y se repliega sin consecuencias. Y una población que protesta frente a un comisariado porque ya no tiene a quién más reclamarle.
Haití no enfrenta un problema de recursos retóricos: los comunicados de condena abundan. Lo que falta es capacidad coercitiva real del Estado, presencia territorial sostenida y una arquitectura de seguridad que no dependa de visitas de funcionarios después de la masacre. Mientras eso no exista, Viv Ansanm seguirá fijando los términos de la vida —y de la muerte— en lugares como Kenscoff.
