La escena lo dice todo. El congreso anual de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) en Cartagena arrancó sin el acompañamiento del gobierno entrante: el terremoto del lunes obligó al equipo del presidente Abelardo de la Espriella a atender la emergencia en el Eje Cafetero, Chocó y el Valle. Pero la ausencia no silenció el salón. Los empresarios tomaron el micrófono y lo usaron.
En el discurso de clausura, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, fijó el tono. Colombia atraviesa, dijo, «un momento que puede marcar un punto de inflexión en su historia» y que exige decisiones capaces de trascender la coyuntura. El reto, insistió, no es solo resolver los problemas económicos inmediatos, sino recuperar la confianza, fortalecer las instituciones y establecer una estrategia de desarrollo que pueda mantenerse durante décadas.
Uno de sus mensajes centrales fue la necesidad de superar la confrontación entre política y economía. «La buena política y la buena economía tienen exactamente el mismo propósito: servir al interés general de la nación», afirmó Mac Master. En ese esquema, el Estado debe garantizar seguridad, infraestructura, justicia, disciplina fiscal, estabilidad económica y reglas claras, además de simplificar regulaciones y fortalecer el Estado de derecho. El sector privado, por su parte, no debe verse únicamente como un conjunto de unidades económicas: «Cada empresario que decide invertir está diciendo con hechos fehacientes y concretos que cree en Colombia», enfatizó.
La crisis energética del Caribe, en números
Uno de los momentos más concretos del congreso lo protagonizó Ricardo Arango, gerente de Afinia, filial de EPM que presta el servicio de energía en buena parte del Caribe. Arango planteó cuatro medidas para resolver los problemas estructurales del sector y advirtió que la situación no puede atribuirse únicamente al operador de red.
Los datos que presentó son difíciles de ignorar. El ingreso per cápita observado en 2024 era cercano a 760.000 pesos en la región Andina, frente a unos 450.000 pesos en el Caribe. Cerca del 92% de la subnormalidad eléctrica del país se concentra en esa región, y una proporción similar de la base de usuarios de Afinia corresponde a estratos 1, 2, 3 o zonas subnormales.
Su propuesta tiene cuatro ejes: adaptar el servicio a las condiciones socioeconómicas de la región, eliminar las zonas eléctricamente subnormales, impulsar inversiones en infraestructura y vincular de manera más activa a los gobiernos territoriales. Entre las medidas concretas figura masificar el esquema de energía prepago. Afinia cuenta actualmente con cerca de 70.000 clientes bajo esa modalidad y espera elevar esa cifra a entre 400.000 y 450.000 usuarios en 2030. Arango aseguró que ya presentó estas propuestas a la ministra de Energía, María Nohemí Arboleda, en una reunión celebrada el jueves.
Salud, pensiones y el inventario pendiente
Los exministros de Salud Fernando Ruiz y Alejandro Gaviria coincidieron en que Colombia enfrenta una doble tarea: atender la emergencia actual del sistema y resolver sus problemas estructurales. Seguridad energética, ajustes a los sistemas de salud y pensional, agricultura, transporte y turismo conforman el inventario completo de tareas que el nuevo gabinete deberá ejecutar, según la agenda planteada en Cartagena.
El gremio empresarial también anunció que la «vaca» de empresas y la Andi supera los 201.000 millones de pesos para ayudar a los damnificados por el terremoto, una señal de que el sector privado no espera solo al Estado para actuar.
La lectura de Hemisferio
Lo que ocurrió en Cartagena no fue un congreso gremial ordinario. Fue, en la práctica, la presentación de un programa de gobierno alternativo: uno construido desde la libre empresa, con cifras en la mano y propuestas técnicas sobre la mesa. Mac Master lo dijo sin rodeos: el Estado debe ser habilitador, no obstáculo; garante de reglas claras, no fuente de incertidumbre regulatoria.
El gobierno De la Espriella hereda una economía que necesita confianza inversora y un sector energético con fracturas estructurales que ningún discurso repara. La agenda que los empresarios dejaron en Cartagena es, al mismo tiempo, una oportunidad y una advertencia: el sector privado está dispuesto a construir, pero necesita que el aparato estatal cumpla su parte —disciplina fiscal, seguridad jurídica, infraestructura— sin interferir donde el mercado ya tiene soluciones. El terremoto postergó el encuentro. La conversación, sin embargo, no puede esperar.
