La escena lo dice todo: una colmena robada, una cosecha de cebolla sin polinizadores suficientes, un cafetal donde los insectos depredadores han desaparecido. Detrás de cada uno de esos problemas hay un mismo vacío: el desconocimiento de lo que los especialistas llaman biota funcional.
El término agrupa a todos los seres vivos que cumplen roles específicos dentro de los ecosistemas productivos. No son fauna decorativa. Son infraestructura biológica. Las abejas polinizan los cultivos; las arañas y los insectos depredadores y parasitoides regulan las poblaciones de plagas. Sin ellos, el agroecosistema —ese ecosistema transformado por el ser humano para producir alimentos, materias primas y vivienda— pierde estabilidad y resiliencia.
Así lo plantea un investigador del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá e investigador asociado del CIAPCP-AIP, ingeniero agrónomo, entomólogo y doctor en Agricultura Sustentable, en un análisis publicado esta semana. Su argumento central es directo: la producción de alimentos, junto con la salud y la educación, constituye uno de los pilares estratégicos para el progreso de toda nación. Y ese pilar descansa, en parte, sobre redes ecológicas que nadie ve pero que todos necesitan.
Lo que se sabe y lo que falta
Panamá ha avanzado en el estudio de la biodiversidad asociada a cultivos estratégicos: granos básicos, cebolla, papa, hortalizas de hoja, cucurbitáceas, café y caña de azúcar figuran entre los más documentados. Pero el investigador es claro en señalar que «todavía existe un amplio horizonte para continuar construyendo una base sólida de conocimientos sobre la biota funcional presente en los agroecosistemas de Panamá».
La brecha no es menor. Los agroecosistemas son, por definición, ambientes donde la actividad humana ha modificado las condiciones naturales. Esa modificación rompe equilibrios. Recuperarlos —o al menos no destruirlos del todo— exige saber qué organismos benéficos habitan cada sistema productivo y qué función cumplen. Sin ese mapa, cualquier decisión agronómica opera a ciegas.
La propuesta del investigador apunta a que las futuras iniciativas de investigación, desarrollo e innovación contemplen el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales e incorporen eficazmente los servicios ecosistémicos brindados por esos organismos. El horizonte que describe es una agricultura que avance «hacia sistemas más sostenibles y resilientes, en los que la producción de alimentos y la conservación de la biodiversidad se complementen».
El negocio de la miel como termómetro
Los detalles cuentan la historia. El sector apícola panameño —que enfrenta simultáneamente presiones climáticas, competencia de importaciones y el robo de colmenas— ilustra con precisión quirúrgica la fragilidad del sistema. Las abejas no son solo productoras de miel: son el eslabón visible de una cadena de polinización que sostiene cultivos enteros. Cuando ese eslabón se debilita, el daño no se contabiliza en la línea de miel del balance apícola; se contabiliza en la cosecha de quien nunca tuvo una colmena.
Ese efecto de red es exactamente lo que hace estratégica a la biota funcional. No es un asunto de nicho académico. Es una variable de competitividad agrícola.
La lectura de Hemisferio
Hay una tentación recurrente en la política pública latinoamericana: sustituir el conocimiento por la regulación. Prohibir un agroquímico antes de entender qué organismos benéficos reemplazarán su función; subsidiar insumos externos antes de invertir en investigación que reduzca la dependencia de ellos. Panamá, bajo la administración Mulino, tiene una oportunidad concreta de hacer lo contrario: financiar ciencia aplicada que convierta la biodiversidad en ventaja competitiva para el productor, no en carga burocrática.
La biota funcional no pide subsidios ni decretos. Pide que el Estado invierta en conocerla y que el marco regulatorio no la destruya antes de que la ciencia termine de cartografiarla. Eso es libre empresa con inteligencia ecológica: no romantizar la naturaleza, sino entender que el capital natural bien gestionado reduce costos, aumenta rendimientos y hace al productor panameño menos vulnerable a los vaivenes del mercado internacional de insumos. El argumento no es ideológico. Es agronómico.
