La escena lo dice todo. Una nota formal, dirigida a la subsecretaria de Trabajo Claudia Testa, y un reclamo que va más allá del formato: la CGT no quiere negociar el salario mínimo frente a una pantalla.
El triunvirato cegetista —integrado por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo— pidió esta semana que el Consejo del Salario Mínimo, convocado para el viernes 28 a las 12.30, se realice de manera presencial. Si el Gobierno no puede modificar la modalidad para esa fecha, la central obrera exige que «se convoque a la brevedad a una nueva sesión presencial» para tratar los mismos puntos.
El argumento de la CGT es institucional: «La magnitud de las decisiones que corresponde adoptar exige el más amplio y genuino debate entre los sectores que lo integran». Y agrega que «la metodología virtual no permite el real desarrollo de la misión de los actores sociales involucrados», según quedó demostrado, dice la nota, en las últimas sesiones del Consejo.
El salario mínimo, vital y móvil se ubica hoy en $376.600. Llegó a ese valor por decreto del Poder Ejecutivo, luego de que la última reunión plenaria del Consejo —celebrada el 26 de noviembre pasado— no alcanzara consenso. En ese momento, el Gobierno fijó aumentos escalonados desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026: el primer tramo elevó el monto a $334.800 hasta llegar a la cifra vigente.
La CGT sostiene que los trabajadores atraviesan «una pérdida sostenida del poder adquisitivo» que compromete el acceso a los bienes de la canasta básica, y suma otro diagnóstico: «la sostenida destrucción de puestos de trabajo registrados», el cierre de empresas y «fuerte incertidumbre económica».
El Gobierno, por su parte, difundió estimaciones que relativizan el peso real del salario mínimo en el mercado laboral. Según cifras oficiales, alrededor del 1% de la población asalariada percibe remuneraciones por debajo de ese piso. Entre los trabajadores registrados del sector privado y del sector público, la proporción cae a menos del 0,2%. El argumento oficial es que, para el grueso del empleo formal, «la función de establecer un piso salarial queda delegada en la negociación colectiva, dada su elevada cobertura y su impacto efectivo en las remuneraciones».
Donde sí opera el salario mínimo con mayor peso, reconoce el mismo informe oficial, es fuera del empleo registrado: actualiza la asignación del programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales (PAE), sirve de referencia para la jubilación mínima del régimen contributivo con aportes completos —fijada en el 82% del salario mínimo— y actúa como tope de acceso a programas sociales, en general hasta tres salarios mínimos.
Los detalles cuentan la historia. La disputa sobre si la reunión es presencial o virtual no es un capricho logístico: es una pelea por el control del proceso. La CGT sabe que en un cuarto físico la presión es distinta, los tiempos son otros y el registro político de un acuerdo —o de un fracaso— pesa más.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el episodio ilustra una tensión estructural del modelo sindical argentino: la central obrera, que representa a trabajadores formales, disputa con más energía el formato de la negociación que su contenido sustantivo. Los datos del propio Gobierno muestran que el salario mínimo tiene incidencia directa en menos del 1% del empleo asalariado. El verdadero campo de batalla salarial está en los convenios colectivos, no en el Consejo del Salario. Que la CGT elija este escenario para escalar la tensión con la administración Milei dice más sobre la política sindical que sobre la economía de los trabajadores que dice representar.
