La escena lo dice todo. El mismo lunes en que un tribunal de apelaciones revisaba la orden que frenó el cobro provisional, el Departamento de Seguridad Nacional publicaba en silencio una propuesta de reglamento para hacer permanente lo que un juez de Boston había declarado inconstitucional: un cargo adicional de 103.265 dólares por cada petición de visa H-1B sujeta al cupo estatutario anual.
La jugada es deliberada. La tarifa temporal —impuesta originalmente por proclamación presidencial el año pasado— vence el próximo mes, exactamente un año después de su emisión. Al convertirla en norma reglamentaria, la Casa Blanca busca un anclaje legal distinto al de la proclamación ejecutiva que un juez federal tumbó en junio.
De 2.000 a 103.265 dólares
Los detalles cuentan la historia. Antes de la intervención del gobierno de Trump, la tarifa para una petición H-1B oscilaba entre 2.000 y 5.000 dólares según el tipo de empleador. La nueva propuesta elevaría ese costo a más de cien mil dólares en un solo cargo adicional, aplicable tanto a las 65.000 visas del cupo regular como a las 20.000 reservadas para trabajadores con maestría o doctorado de una institución estadounidense.
El portavoz de la Agencia de Ciudadanía e Inmigración, Zach Kahler, explicó la lógica oficial en un comunicado: «La tarifa propuesta está destinada a recuperar los costos en que incurre el gobierno federal para adjudicar, evaluar y apoyar los programas de inmigración legal que de otro modo deben ser financiados por los contribuyentes». La regla propuesta fue publicada para inspección pública el lunes y está programada para aparecer en el Registro Federal el martes.
El programa H-1B permite a empleadores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros con formación en ocupaciones especializadas. Es la columna vertebral del reclutamiento de talento en los sectores tecnológico, educativo y de investigación.
El obstáculo judicial
El camino no está despejado. Un juez federal en Boston bloqueó en junio la tarifa provisional, dictaminando que constituía un impuesto no autorizado por el Congreso. El gobierno apeló esa decisión, y un tribunal de apelaciones la está revisando. Paralelamente, otro tribunal examina si fue correctamente desestimado el desafío presentado por un importante grupo empresarial.
La Casa Blanca ha anunciado su intención de apelar el fallo de primera instancia. La nueva propuesta reglamentaria no cancela ese litigio; lo flanquea. Si la norma definitiva sobrevive el proceso de comentarios públicos y los desafíos legales previsibles, el cargo de 103.265 dólares quedaría codificado en el reglamento federal con una base jurídica diferente a la proclamación que el juez rechazó.
La trastienda del cálculo
Para entender el presente hay que volver a esa semana de junio en que el fallo judicial dejó en el aire cientos de millones de dólares en recaudación proyectada. La administración no retrocedió; aceleró. La propuesta de reglamento es la respuesta institucional a esa derrota táctica: si el Ejecutivo no puede cobrar por decreto, intentará cobrar por norma.
Los protagonistas del sector tecnológico y las firmas de consultoría que dependen del programa H-1B tienen ahora un período de comentarios públicos para pronunciarse. El resultado de ese proceso, más los fallos de apelación pendientes, determinará si la tarifa de seis cifras se convierte en realidad operativa o en otro episodio de la guerra de trincheras entre el Ejecutivo y el Poder Judicial sobre los límites de la autoridad presidencial en materia migratoria.
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Desde la perspectiva de Hemisferio, la propuesta plantea una tensión genuina dentro del propio campo del libre mercado. El argumento de que los contribuyentes no deben subsidiar la administración de un programa que beneficia principalmente a grandes corporaciones tecnológicas tiene coherencia fiscal: quien usa el sistema, que lo pague. Pero una tarifa de 103.265 dólares por petición no es un precio de mercado; es una barrera de entrada que favorece a las empresas con mayor capacidad de absorber costos y penaliza a las medianas que compiten por el mismo talento.
El principio en juego es doble: recuperación de costos reales para el erario frente a proteccionismo laboral encubierto. La administración presenta ambos argumentos a la vez, y la tensión entre ellos no desaparecerá con ningún fallo judicial. El desenlace importa más allá de Silicon Valley: define quién puede competir por el talento global y a qué precio.
