Para entender el presente hay que volver a esa semana.
El 4 de agosto, Daniel Edmundo Ortega Murillo se sentó frente a periodistas, comunicadores y estudiantes de comunicación convocados por la Comisión Especial de Carácter Constitucional de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Habló en nombre del gremio. «Queremos expresar nuestro firme y total respaldo a este Proyecto de Reformas Parciales a la Constitución», dijo. Lo que no dijo —aunque todos en la sala lo sabían— es que él coordina el sistema de medios gubernamentales encargado de presentar diariamente esas mismas consultas como demostraciones de respaldo popular.
La escena lo dice todo.
El proceso de consultas, que según el calendario anunciado por Rosario Murillo concluye el 27 de agosto con la Juventud Sandinista como último sector convocado, fue diseñado para legitimar las reformas constitucionales que Daniel Ortega ordenó el 19 de julio con un propósito declarado: impedir que sus adversarios puedan volver al poder mediante elecciones. El 1 de septiembre se presentarán las conclusiones y el proyecto avanzará hacia su aprobación en primera legislatura en una Asamblea Nacional ampliamente controlada por el Frente Sandinista.
Hasta el 22 de agosto, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y coordinador de la Comisión Especial, contabilizaba 92.832 participantes de 25 sectores, tanto presencialmente como mediante conexiones virtuales. La meta anunciada es completar 30 encuentros.
Por las sesiones han desfilado militares, policías, funcionarios públicos, alcaldes, empresarios, banqueros, mineros, trabajadores de zonas francas, universidades, docentes, estudiantes, comunicadores, artistas, médicos, deportistas, representantes de iglesias, transportistas y comerciantes, entre otros. Las crónicas oficiales hablan de «respaldo unánime», «firme respaldo», «confianza» y «apoyo». No hay constancia pública de una sola objeción planteada dentro de las sesiones por alguno de los sectores convocados.
La razón no es difícil de encontrar. Porras la enunció desde la primera reunión, realizada con el cuerpo diplomático acreditado en Managua: «Nuestro objetivo es informativo absolutamente». Las sesiones no contemplan votaciones, encuestas ni mecanismo alguno para registrar posiciones a favor y en contra. La dinámica ha consistido en la exposición de las reformas por Porras y otros funcionarios, seguida de intervenciones de algunos asistentes.
La mayoría de los convocados pertenece a instituciones subordinadas al Ejecutivo, organizaciones oficialistas o sectores que mantienen relaciones regulatorias o económicas con el Estado. El Ejército, la Policía, los poderes e instituciones estatales, alcaldías, universidades públicas y estructuras gremiales vinculadas al sandinismo forman parte del listado. En el sector privado han participado empresas que dependen de licencias, regulaciones, exenciones, concesiones o autorizaciones gubernamentales.
Pero la particularidad más reveladora del proceso es otra: entre quienes han representado a los sectores convocados están los propios hijos de quienes ordenaron las reformas.
Daniel Edmundo Ortega Murillo intervino por los comunicadores. Camila Ortega Murillo, coordinadora general de la Comisión Nacional de Economía Creativa, representó a las micro, pequeñas y medianas empresas el 11 de agosto. «Estamos aquí respaldando con gran firmeza y con mucha esperanza esta Reforma para el Bienestar y la prosperidad de nuestra Nicaragua», afirmó al cerrar la jornada. Laureano Ortega Murillo participó por empresarios, inversionistas y el sector minero. Maurice Ortega Murillo lo hizo por atletas, entrenadores y promotores deportivos. Rafael Ortega Murillo estuvo presente en al menos una sesión, aunque las fuentes no registran una intervención suya.
Cuatro integrantes de la familia gobernante defendieron públicamente, desde los sectores estatales que coordinan o en los que ejercen influencia, las reformas promovidas por sus padres.
Los detalles cuentan la historia.
Lo que el régimen llama «consulta popular» es, en los hechos, un circuito cerrado: el aparato estatal convoca a sectores dependientes del Estado, los hijos de los gobernantes toman la palabra en nombre de esos sectores, y el sistema de medios que uno de esos hijos coordina transmite el resultado como expresión de voluntad ciudadana. No hay un solo dato en el proceso —ni una votación, ni una encuesta, ni una objeción registrada— que permita distinguirlo de una ratificación interna del partido.
Para Hemisferio, el asunto trasciende la anécdota familiar. Lo que está en juego es la arquitectura misma del poder en Nicaragua: reformas constitucionales diseñadas para clausurar la competencia electoral, legitimadas mediante un procedimiento que su propio coordinador definió como «absolutamente informativo». La libre empresa, los empresarios independientes y cualquier ciudadano que no dependa de una licencia o concesión gubernamental no tuvieron voz en este proceso. Esa ausencia es, también, parte del relato.
