Para entender el presente hay que volver a esa reunión en el despacho de la fiscal general.
Según Lucy Laborde, exfiscal delegada a cargo de la investigación contra Nicolás Petro, la conversación ocurrió en la oficina de Luz Adriana Camargo. Estaban presentes, según su relato a la revista Semana, la delegada Aura Liliana Trujillo, el vicefiscal y Alexandra Ladino Pinzón, quien entonces dirigía la unidad de Lavado de Activos.
Camargo le preguntó a Laborde cómo veía el delito de lavado de activos en el expediente. Laborde respondió que sí existían elementos para sostenerlo. Fue entonces, según la exfiscal, cuando llegó la instrucción: «Solo déjale el enriquecimiento ilícito y ponle una pena muy larga. Al fin y al cabo, la va a cumplir en una guarnición militar».
Laborde dice que se negó. «Yo no iba a negociar. Yo ya había leído el escrito de acusación y había averiguado sobre el proceso», declaró al mismo medio. Poco después fue apartada de la investigación y trasladada a una sede en Barranquilla. Ella vincula directamente ese traslado con su negativa.
El origen del caso
El expediente contra Nicolás Petro, hijo del expresidente Gustavo Petro, se abrió tras las revelaciones de su exesposa, Day Vásquez, en 2023. Vásquez aseguró que Nicolás Petro había recibido grandes cantidades de dinero de personas cuestionadas, entre ellas Samuel Santander Lopesierra, conocido como el «Hombre Marlboro», y Gabriel Hilsaca, hijo de «El Turco» Hilsaca. Además, afirmó que parte de esos recursos habría sido destinada a la campaña presidencial de Petro en 2022.
La distinción entre los dos delitos en juego no es menor. El enriquecimiento ilícito, según el Código Penal colombiano, castiga el incremento patrimonial no justificado derivado de actividades delictivas. El lavado de activos va más lejos: sanciona a quien adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene o administre bienes de origen ilícito, o les dé apariencia de legalidad. La diferencia importa también en el plano internacional: según el relato de Laborde, fue la propia delegada Trujillo quien advirtió en esa reunión que mantener el lavado de activos implicaría que el caso ingresara a la Lista OFAC.
La trastienda institucional
La acusación de Laborde coloca a Camargo en una posición comprometida. Si los hechos son como los describe la exfiscal, la cabeza del aparato acusador del Estado colombiano habría intervenido directamente para aligerar los cargos contra el hijo del entonces presidente de la República, invocando como argumento las consecuencias diplomáticas y financieras que acarrearía una designación de la OFAC. Camargo no ha respondido públicamente a las declaraciones de Laborde según las fuentes disponibles.
Los detalles cuentan la historia. Una fiscal que se niega, un traslado que llega después, y una acusación que finalmente se presentó sin el delito de lavado de activos: esa secuencia es la que Laborde pone sobre la mesa.
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Desde la línea editorial de Hemisferio, el episodio ilustra algo más profundo que un conflicto interno entre funcionarias. El aparato estatal colombiano, en su eslabón más sensible —la persecución del crimen financiero—, habría sido presionado, según este testimonio, para proteger a un nombre políticamente incómodo de las consecuencias más graves. El lavado de activos no es un tecnicismo: es el mecanismo por el que el dinero sucio se convierte en economía legítima, en propiedad, en empresa. Retirarlo de una acusación no es solo un gesto procesal; es decidir hasta dónde llega la ley.
Si Colombia aspira a ser un destino de inversión y un Estado de derecho creíble, la independencia de sus fiscales no puede depender de quién sea el acusado. Esa es la pregunta que el caso Nicolás Petro deja abierta, y que ningún traslado a Barranquilla puede cerrar.
