La escena lo dice todo. El 31 de diciembre de 2025, productores del estado de Florida presentaron ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC) y la Comisión de Comercio Internacional (ITC) una solicitud para imponer derechos antidumping contra la fresa mexicana. Seis meses después, la resolución preliminar del DOC les dio la razón —al menos de forma provisional— y encendió las alarmas en México.
El DOC determinó que los exportadores mexicanos venden fresa a un precio inferior a su valor normal durante la temporada invernal. La magnitud del supuesto dumping oscila entre el 3.37% y el 5.28% según la empresa, con un promedio estimado del 4.83% para la mayoría de los exportadores. Esas cifras, modestas en apariencia, bastan para activar cuotas compensatorias que encarecerían el acceso al mercado estadounidense en ciertos meses del año.
Lo que hace singular el caso es la arquitectura jurídica que lo sostiene. El DOC construyó su resolución sobre dos conceptos: el de «fresas de invierno» como producto diferenciado y el de un mercado regional dentro de Estados Unidos. El problema es que, en marzo de 2026, la propia ITC había concluido que no existían bases para reconocer ninguno de los dos. El DOC los mantuvo de todas formas en su fallo preliminar, lo que el Gobierno de México calificó como una «aplicación arbitraria» que altera la naturaleza de la investigación antidumping.
La Secretaría de Economía y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) coincidieron en que la medida implica que la fresa mexicana solo podrá venderse sin pagar la sanción fuera de ciertas estaciones. El CNA advirtió además que la decisión contradice el T-MEC, el Acuerdo Antidumping de la OMC y la propia legislación estadounidense en la materia.
Los detalles cuentan la historia. La fresa mexicana es cultivada por casi cinco mil productores, el 97% de los cuales trabaja parcelas de diez hectáreas o menos. En su cadena de valor se emplean aproximadamente 151 mil personas. En 2025, México exportó 263 mil toneladas de fresa a Estados Unidos por un valor de mil millones de dólares. No se trata de un sector corporativo: se trata, en su inmensa mayoría, de pequeños agricultores cuya viabilidad depende del acceso fluido al mercado del norte.
El Gobierno mexicano anunció que dará seguimiento a las etapas posteriores hasta la resolución final, que corresponderá a la ITC y se conocerá en enero de 2027. Hasta entonces, la cuota preliminar puede ratificarse o desecharse. Pero el daño reputacional y la incertidumbre para inversiones y contratos ya están sobre la mesa.
Lo que más preocupa al sector no es la cifra del 4.83%, sino el molde que deja. El CNA advirtió que los criterios de «estacionalidad y regionalidad» podrían sentar precedente para otros productos agroalimentarios perecederos y estacionales, generando incertidumbre para productores, exportadores e inversionistas de ambos países. El fallo, dijo el consejo, podría ir mucho más allá de las fresas y debilitar «la certidumbre jurídica y comercial que requiere una de las relaciones agroalimentarias más integradas del mundo».
Para entender el presente hay que volver a esa semana de diciembre en que Florida presentó su solicitud. La petición no surgió del vacío: llegó en medio de una ofensiva arancelaria más amplia de la administración Trump contra las exportaciones mexicanas, en un clima donde, según declaraciones recogidas por medios mexicanos, el propio presidente estadounidense afirmó que no le importa el T-MEC.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el asunto merece ser llamado por su nombre. Cuando un organismo gubernamental ignora las conclusiones de su propio par institucional —la ITC rechazó los conceptos que el DOC adoptó— y construye una resolución sobre categorías que la evidencia no sostiene, no estamos ante libre comercio: estamos ante proteccionismo con traje técnico. El libre mercado exige reglas predecibles y árbitros que las respeten. Lo que el DOC ha hecho, de confirmarse en enero de 2027, es usar el aparato regulatorio para beneficiar a un grupo de productores de Florida a costa de cinco mil agricultores mexicanos, 151 mil empleos y, en última instancia, del consumidor estadounidense que pagará más por su fresa en invierno. Eso no es competencia; es burocracia al servicio de intereses particulares.
