Los detalles cuentan la historia.
Cuando el ministro Indalecio Dangond abrió los archivos del Ministerio de Agricultura, la cifra que encontró no era menor: más de 18.000 contratistas con compromisos vigentes hasta diciembre, por un total que, según la denuncia oficial de la cartera, «llegaría cerca de 1 billón de pesos».
La nueva administración no tardó en hacer pública la foto. «Esta es la foto del derroche, el despilfarro de los recursos públicos y la politiquería del Gobierno de Gustavo Petro», afirmó el ministerio en un comunicado que circuló esta semana. El señalamiento apunta directamente a la exministra Marta Carvajalino, a quien se responsabiliza de haber dejado firmada esa nómina de contratos antes de entregar el cargo.
El desglose que publicó la entidad precisa dónde está concentrado el gasto. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) encabeza la lista con 9.281 contratos por 451.000 millones de pesos. Le sigue el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) con 153.008 millones, la Unidad de Restitución de Tierras con 168.311 millones, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) con 113.000 millones, y el propio Ministerio de Agricultura con 740 contratos por 73.000 millones. Sumados todos los organismos del sector, el total declarado asciende a 1.029.858 millones de pesos.
El momento del anuncio no es casual. Colombia atraviesa una emergencia: un terremoto afectó a familias en 15 departamentos del país, y el gobierno entrante convirtió esa urgencia en el contrapunto moral de su denuncia. «¿Cuántas viviendas dignas se podrían haber construido para esas familias con 1 billón de pesos?», preguntó la cartera en su comunicado. La respuesta, deliberadamente, la dejaron abierta.
Pero la contratación no es el único frente. El llamado «Libro de la Verdad», elaborado por el equipo de empalme anticorrupción de la nueva administración, añade otro capítulo al expediente del sector agrícola: lo que la nueva gestión describe como un «engaño» en la reforma agraria insignia del gobierno Petro.
Según ese documento, el gobierno saliente «entregó tierras sin títulos y pagó casi un billón de pesos por predios que el Estado ni siquiera logró registrar». El mecanismo habría sido una «operación de maquillaje estadístico» a través del Fondo de Tierras. De las 351.463 hectáreas que el gobierno Petro reportó como entregadas, solo 98.148 —según el equipo de empalme, apenas el 7 % de la meta 2022-2026— contaban con registro pleno ante Instrumentos Públicos. Las restantes 206.273 hectáreas se entregaron de forma provisional: campesinos que creen tener tierra propia pero que, en la práctica, no cuentan aún con un título que los respalde legalmente.
Ninguna de estas denuncias ha sido respondida públicamente por la exministra Carvajalino ni por representantes del gobierno anterior al cierre de esta edición.
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Lo que emerge de esta semana no es solo una disputa contable entre administraciones. Es la radiografía de un aparato estatal que, en sus últimas semanas de gestión, comprometió recursos públicos a una escala que el nuevo gobierno califica de deliberada. Más de 18.000 contratos no se firman por inercia burocrática: requieren decisiones, firmas y voluntad política.
El principio en juego es elemental: el dinero de los contribuyentes no pertenece al gobierno de turno, y menos aún a la red de contratistas que lo rodea. Cuando ese dinero se amarra en vísperas de un cambio de mando, mientras familias damnificadas esperan respuesta del Estado, la pregunta sobre prioridades se responde sola. La reforma agraria que prometió títulos y entregó papeles provisionales completa el cuadro: no basta con anunciar redistribución si el campesino termina sin el único documento que convierte una promesa en propiedad real. Esa es la diferencia entre política agraria y politiquería.
