Para entender el presente hay que volver a esa semana en que un abogado presentó ante la Corte de Apelaciones un escrito con fallos judiciales que no existían. Después ocurrió lo mismo en el Tribunal Constitucional. En ambos casos, los profesionales fueron sancionados. La inteligencia artificial había entrado a los estudios jurídicos chilenos, y la industria todavía estaba aprendiendo a convivir con ella.
El uso de IA en las oficinas de abogados, que comenzó a tomar forma en 2024, se convirtió en algo cotidiano durante 2025. Los usos son concretos: localizar información, revisar jurisprudencia nacional e internacional, búsquedas especializadas, traducción de documentos complejos. El resultado es que los abogados dedican menos tiempo a tareas mecánicas y más a los casos. También se produce un ahorro en costos fijos. El mercado ya advierte, sin embargo, que ese ahorro impactará en la contratación de recién egresados, que históricamente comenzaban su carrera haciendo precisamente ese tipo de trabajo.
Las dos herramientas más usadas en la industria legal chilena son Magnar, una startup nacional que prevé vender seis millones de dólares este año, y Harvey, la plataforma estadounidense participada por OpenAI que se ha convertido en un estándar global. En los estudios también recurren a Copilot, Claude y Gemini para tareas más rutinarias.
Los detalles cuentan la historia. En Carey, el mayor estudio local, el uso sistemático de IA arrancó en 2024 con la creación de un Comité de Inteligencia Artificial y un equipo dedicado a la transformación digital. La herramienta se aplica en investigación jurisprudencial, revisión de grandes volúmenes de contratos y elaboración de borradores iniciales. «La inversión es sostenida y en expansión, orientada a tres frentes: herramientas, formación de los equipos y gobernanza», resume Francisco Carey, socio y presidente de ese comité. El estudio es además uno de los inversionistas de Magnar.
En Puga Ortiz, la IA sistematiza información, ordena causas voluminosas y arma líneas de tiempo, pero tiene vedado el terreno de las decisiones: no puede definir estrategias de defensa, negociar, aconsejar al cliente ni redactar los escritos finales. «Eso es del abogado y su responsabilidad es indelegable. Un abogado puede decidir no usar IA. Lo que no puede hacer es creer que no la está usando», advierte Matías Cortes, socio de la firma.
En FerradaNehme, Nicole Nehme apunta que «las capacidades internas, reglas y una organización preparada son condiciones indispensables para incorporarla responsablemente». La firma cuenta con una política de uso y un comité de estrategia digital.
Dos máximas se repiten en todos los estudios consultados: un humano siempre tendrá la última palabra, y nada con carácter confidencial puede ser compartido dentro de estos sistemas, por el riesgo de filtraciones o mal uso.
El riesgo no es teórico. A fines de abril, el bufete estadounidense Sullivan & Cromwell tuvo que disculparse públicamente por las «alucinaciones» que la IA produjo en un documento judicial relacionado con la bancarrota del grupo financiero Prince Group, tramitada ante el Tribunal de Quiebras de Manhattan. El escrito contenía decenas de errores: citas legales inventadas, leyes erróneas o mal indexadas y fuentes inexistentes. La firma, con sede en Nueva York y más de 900 abogados, es uno de los principales bufetes corporativos de Estados Unidos.
El Poder Judicial también reaccionó. La Oficina Judicial Virtual instaló barreras tecnológicas —como captchas— para frenar el ingreso masivo de sistemas automatizados. La Asociación Gremial Legaltech Chile, que agrupa a 21 empresas proveedoras de servicios digitales al sistema judicial, respondió pidiendo que el Poder Judicial no se limite a restringir herramientas, sino que contemple el fortalecimiento de la infraestructura digital, el rediseño de procesos y el desarrollo de plataformas capaces de soportar operaciones de alto volumen.
La escena lo dice todo. La industria jurídica no está debatiendo si adoptar la inteligencia artificial: ya la adoptó. El debate real es sobre gobernanza, responsabilidad y límites. Desde la perspectiva de Hemisferio, lo que ocurre en los estudios de abogados chilenos es un laboratorio de libre empresa funcionando: firmas privadas que compiten por eficiencia, invierten en tecnología propia y se autoimponen reglas sin esperar que el Estado las dicte. El riesgo de que la burocracia judicial responda con restricciones en lugar de modernización es real, y sería el camino equivocado. La tecnología no se detiene con captchas; se encauza con instituciones ágiles y profesionales que asumen su responsabilidad. Eso, al menos, los estudios ya lo entendieron.
