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La pantalla como fentanilo: el precio silencioso que pagan los niños venezolanos

En un país donde el salario apenas cubre lo básico, el celular sin control se ha convertido en el sustituto de la autoridad parental. Una columna desde Margarita describe el costo emocional y neurológico de esa elección.
Imagen generada con IA
miércoles 26 de agosto de 2026

La escena lo dice todo. Un menor embobado frente a una pantalla durante horas, haciendo movimientos repetitivos, con la mirada perdida, en lo que la columnista Rosa María López describe como «un estado casi catatónico». No es una excepción en la Venezuela de hoy: según su texto publicado en La Patilla, es la norma que se observa en hogares de la isla de Margarita y, a su juicio, en buena parte del país.

El diagnóstico que traza López es duro y directo. Padres atrapados entre la necesidad de trabajar por un salario que «apenas cubre lo básico» y la imposibilidad de costear actividades alternativas optan por la salida más rápida: entregar el celular sin restricciones, sin importar la edad del niño. El resultado, sostiene, es una generación desconectada de la realidad, consumiendo contenido de ciclo corto —TikTok, Reels, YouTube Shorts— y videojuegos que, según su lectura, «literalmente cambian la química del cerebro» de niños y adolescentes.

La metáfora que elige López para describir el fenómeno es deliberadamente provocadora: «La pantalla es el fentanilo de tus hijos». La falsa tranquilidad que produce, argumenta, tiene un costo diferido: «la atrofia de las emociones y su cerebro». La ansiedad, la falta de atención y la agresividad cuando se interrumpe el consumo digital son, a su juicio, los síntomas visibles de ese deterioro.

Hay una paradoja económica en el centro del problema que López señala con precisión: no hay presupuesto familiar para talleres de desarrollo personal o actividades que fortalezcan la autoestima, pero sí lo hay para el plan de internet y para el teléfono de última generación. Más aún, describe un fenómeno de competencia social entre pares que empuja a familias sin recursos a «sacrificios inhumanos» para que sus hijos no queden fuera de la carrera tecnológica del grupo. «Mientras menos recursos económicos hay, más se compite por encajar o por aparentar», escribe.

El contraste que establece con Europa es revelador. Francia, Italia, Inglaterra y Alemania, según López, «llevan la batuta en restricciones severas», implementando prohibiciones estrictas del celular en colegios y avanzando hacia consensos ciudadanos para prohibir las redes sociales antes de los 15 o 16 años. Venezuela, mientras tanto, permanece atrapada en lo que la columnista llama «un círculo de indefinición» político y social.

Pero el texto va más lejos que el debate sobre pantallas. López conecta el uso descontrolado de la tecnología con un fenómeno sociológico más amplio: la erosión de la empatía en una sociedad sometida a años de hiperinflación y distorsiones económicas. Describe cómo en Margarita un mismo producto puede costar tres dólares en efectivo y el equivalente a cinco si se paga en bolívares, y lee esa especulación como síntoma de una fractura moral: «el vecino pasa de ser tu prójimo a ser competidor». La lógica del abuso sistémico, argumenta, se internaliza y se replica en el espacio cotidiano.

Los retos virales letales —los llamados «desafíos de intoxicación masiva» transmitidos por video— aparecen en el texto como la cara más oscura del problema: contenido que, según López, continúa «cobrando vida de niños y jóvenes».

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Lo que describe Rosa María López desde Margarita no es un problema de tecnología: es un problema de Estado ausente y de mercado distorsionado que se cobra el precio en la generación más vulnerable. Cuando el aparato estatal destruye el poder adquisitivo de las familias durante años, las decisiones de crianza se toman bajo presión de supervivencia, no bajo criterio. El celular sin límites no es una elección libre; es la consecuencia lógica de un hogar al que el régimen ha despojado del tiempo, del ingreso y de la certeza.

Europa regula porque puede darse el lujo de debatir políticas públicas en un marco de instituciones funcionales. Venezuela no tiene ese lujo, y mientras la clase política busca, según López, «una salida salomónica que aún no se entiende», son los niños quienes pagan la cuenta. El principio en juego es elemental: ninguna familia debería tener que elegir entre alimentar a sus hijos y proteger su desarrollo emocional. Esa disyuntiva es, en sí misma, la condena más elocuente del modelo que la ha producido.

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