Para entender el presente hay que volver a esa semana. El 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, municipio del Chocó, sacudió el centro y suroeste de Colombia. Siete días después, el balance preliminar habla de 289 muertos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos. El Instituto de Medicina Legal precisa que ha recibido 304 cuerpos y ha identificado 300, entre ellos 22 menores de edad. De Cali proceden 139 de los cuerpos identificados; de Pereira, otros 107.
Los detalles cuentan la historia. En Chiminangos, uno de los sectores golpeados de Cali, familias que perdieron sus viviendas duermen en pequeñas carpas, reciben alimentos en ollas comunitarias y esperan poder entrar a sus antiguos apartamentos para recuperar ropa, documentos y electrodomésticos. En Pereira, las familias instaladas en el parque Olaya Herrera tuvieron que proteger las carpas con plásticos cuando llegaron las lluvias del domingo. El Hospital Universitario San Jorge registró inundaciones. La lluvia también interrumpió temporalmente las labores de remoción de escombros y añadió un nuevo obstáculo a una respuesta que entra ya en su segunda semana.
El presidente Abelardo de la Espriella habló en alocución nocturna del lunes. Estimó en 30 billones de pesos —unos 9.500 millones de dólares— el costo de la reconstrucción, anunció subsidios de vivienda y alivios económicos para los damnificados, y declaró la emergencia económica. «Va a exigir recursos» y será «dura», dijo, aunque confió en «la capacidad de los colombianos para superar la tragedia». Advirtió que las cifras todavía están en consolidación y que su gobierno «solo comunicará datos debidamente consolidados» por respeto a las víctimas.
Más de 3.200 escuelas han sufrido daños. En Pereira, más de 58.000 estudiantes permanecen temporalmente desescolarizados después de que las autoridades consideraran críticas las condiciones de los 165 colegios de la ciudad. La propuesta de trasladar las clases a internet resulta imposible para muchas comunidades rurales por la falta de señal y de dispositivos electrónicos.
En ese contexto llegó este lunes a Quibdó la cantante colombiana Shakira, acompañada del filántropo estadounidense Howard Graham Buffett. Visitaron el Colegio Tecnológico Industrial Carrasquilla, el más grande del Chocó, y algunas de las zonas afectadas. Shakira anunció que dedicará «todos sus esfuerzos personales» a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó e impulsará, junto a Buffett, la construcción de diez nuevos colegios en el departamento. «Cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir», dijo la artista. Global Citizen aportará 500.000 dólares y la promotora Live Nation otros 500.000, para un total de un millón de dólares destinados a la reconstrucción de escuelas. Shakira también pidió a los gobiernos de Canadá, Japón y Reino Unido, al sector privado y a otras fundaciones que se sumen a la recuperación del Chocó.
A lo largo de las carreteras del centro y oeste del país circulan cientos de vehículos con letreros de «Ayuda humanitaria» cargados de alimentos, agua, ropa, medicamentos, cobijas, colchones y artículos de higiene. Colombia ha recibido más de 220 toneladas de suministros procedentes de varios países. Equipos de rescate de Israel, Ecuador y Estados Unidos operan sobre el terreno. Washington ha enviado cerca de diez toneladas de material para refugio, agua y saneamiento y ha comprometido 26,5 millones de dólares en asistencia.
La escena lo dice todo. Cuando una cantante y un filántropo privado anuncian un millón de dólares para escuelas en cuestión de horas, mientras el aparato estatal todavía «consolida cifras», el contraste no es anecdótico: es estructural. La reconstrucción de Colombia dependerá, en buena medida, de la velocidad con que el gobierno de De la Espriella traduzca los 9.500 millones de dólares estimados en obras reales y no en burocracia. La emergencia económica declarada abre instrumentos legales; usarlos bien —con transparencia, sin captura política del gasto— es la prueba que viene. El país que ya trabaja sobre el terreno, con camiones de ayuda privada y compromisos internacionales, no puede esperar que el Estado llegue tarde.
