La escena lo dice todo. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, recibió el lunes a Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional, en una de las rondas de conversaciones que el gobierno ha abierto tras las críticas a su reforma constitucional en materia de seguridad. Sus asesores tomaban notas. Él miraba atento. Al salir, Arrau publicó en sus redes que agradecía «la mirada y disposición» de Peña «para contribuir a una agenda que necesita decisión, experiencia y acuerdos amplios».
El gesto importa. Pero las palabras de Peña importan más.
Un diagnóstico claro, un proyecto cuestionable
La abogada salió de la reunión con una impresión favorable del ministro —«un espíritu de diálogo», dijo— pero con reparos de fondo sobre el texto que el Ejecutivo ingresó al Congreso. Su argumento central es de economía constitucional: «Esta reforma constitucional aborda temas que perfectamente podrían ser acometidos por reformas legales», declaró en el programa Desde la Redacción de La Tercera.
En concreto, Peña señaló que la Constitución ya contempla el deber del Estado de proteger a la población, por lo que consagrar un nuevo deber de seguridad le parece innecesario. Fue más lejos: habría preferido un derecho a la seguridad —no un deber— porque eso permitiría a los jueces sopesarlo en casos concretos. También advirtió que el régimen penitenciario y el registro de organizaciones criminales son materia de ley, y que el Presidente «no tiene nada que ver en esa materia», la cual debe ser manejada por el Ministerio Público y los tribunales.
El estado de excepción: el nudo más tenso
El punto más delicado, en su lectura, es el nuevo estado de excepción que el proyecto contempla por 120 días, prorrogable por otros 120. «Me parece excesivo», dijo sin rodeos. Pero lo que más le preocupa no es el plazo sino la ausencia de contrapesos: «Lo más grave desde el punto de vista constitucional es que esto se haga sin un sistema de contrapeso». Peña se sumó a quienes sostienen que el Congreso debería intervenir desde el inicio en la declaración de un estado de excepción que afectaría derechos fundamentales.
También expresó que no le gusta la idea de un quinto estado de excepción. Habría preferido mantener el estado de emergencia vigente y agregarle herramientas nuevas —como la interceptación de comunicaciones con autorización judicial— en lugar de crear una figura inédita.
Su pronóstico sobre la tramitación fue directo: ve posible que en un par de meses solo avance el capítulo del estado de excepción constitucional, mientras el resto del proyecto queda en el camino.
¿Temor al TC? Peña descarta la lectura
Algunos juristas han sostenido públicamente que detrás del proyecto hay un intento de ponerle cortapisas al Tribunal Constitucional, a raíz de lo ocurrido con el proyecto de Escuelas Protegidas. Peña discrepó: «No veo elementos que den razón a eso». Reconoció, eso sí, que cualquier gobierno debe tener en cuenta la jurisprudencia del TC. Y advirtió que si se persevera en las inhabilidades referidas a derechos sociales, podría presentarse un requerimiento de inconstitucionalidad.
Sobre la acusación de que el Presidente actúa de forma «iliberal» en estas materias, Peña también tomó distancia: «Lo que capté es todo lo contrario».
La trastienda del proceso
El gobierno retiró la urgencia en la tramitación del proyecto. El ministro García Ruminot ha dado señales de que hay voluntad de depurar el texto. Para Peña, si se va a intervenir la carta fundamental —«siempre algo muy delicado, jurídica y políticamente»— debe hacerse solo en los aspectos absolutamente indispensables.
Los detalles cuentan la historia. Un gobierno que ingresa una reforma constitucional sin consulta previa, recibe críticas transversales, retira la urgencia y abre rondas de conversaciones no está ejecutando una estrategia legislativa sólida: está improvisando sobre la marcha. Que una expresidenta del TC deba explicarle al ministro qué es materia de ley y qué es materia constitucional revela el costo de saltarse el trabajo técnico antes de redactar.
El principio en juego es viejo y conocido: las constituciones no son el lugar para resolver cada problema de política pública. Cuando el aparato estatal recurre a la carta fundamental para lo que la ley ordinaria puede hacer, no está fortaleciendo el Estado de derecho; está inflando la Constitución y, de paso, abriendo la puerta a impugnaciones que paralizarán las mismas herramientas que dice querer usar. La seguridad de los ciudadanos merece más rigor que ese.
