Los asesores tomaban nota. Esa imagen —un ministro atento, sus colaboradores con lápiz en mano— resume la reunión del lunes entre Martín Arrau, titular de Seguridad Pública del gobierno de José Antonio Kast, y Marisol Peña, exjefa del Tribunal Constitucional y directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo.
La escena lo dice todo. Un ejecutivo que impulsa una reforma constitucional en materia de seguridad convoca a una de las voces más autorizadas del derecho público chileno, y escucha. Peña lo subrayó sin ambigüedad: «Un gobierno que fuera absolutamente autoritario, o irreductible en sus posiciones, no hace lo que está haciendo, que es justamente captar impresiones provenientes de distintos sectores».
La reforma que el Ejecutivo ingresó al Senado contiene ocho modificaciones. Peña fue directa con Arrau: la mayoría sobra. «Considero que esta reforma constitucional aborda temas que perfectamente podrían ser acometidos por reformas legales», le dijo. Su argumento de fondo es que la Constitución vigente ya contempla el deber del Estado de proteger a la población y a la familia, de modo que consagrar un nuevo deber de seguridad resulta, en sus palabras, «innecesario».
Más aún: si se iba a tocar la Carta Magna en ese punto, Peña habría preferido consagrar un derecho a la seguridad —no un deber— porque eso permitiría a los jueces sopesarlo frente a otros derechos fundamentales. La distinción no es menor: un deber estatal sin contrapeso judicial es una declaración política; un derecho ciudadano es una herramienta exigible.
La proyección que le ofreció al ministro fue descarnada. «Si yo tuviera una bola de cristal y la proyectara al escenario de un par de meses o tres meses más, yo veo tramitándose solo el estado de excepción constitucional», le anticipó. De ocho puntos, uno.
Y sobre ese único punto que podría sobrevivir, Peña tampoco guardó silencio. Calificó de «excesivo» el plazo de 120 días prorrogable por otros cuatro meses que contempla el nuevo estado de excepción. Pero su objeción más grave apunta a la arquitectura institucional: el proyecto carece de un sistema de contrapeso. «Lo más grave, desde el punto de vista constitucional, es que esto se haga sin un sistema de contrapeso», afirmó, respaldando a quienes exigen que el Congreso intervenga desde el inicio en la declaración de un estado de excepción que, advirtió, afectará «un número significativo de derechos fundamentales».
La abogada tampoco es entusiasta del formato elegido. Habría preferido mantener el estado de emergencia existente —con su causal genérica de grave alteración del orden público o daño a la seguridad nacional— antes que crear un quinto estado de excepción. «A mí no me gusta la idea de un quinto estado de excepción», fue su formulación ante Arrau.
De los ocho puntos, Peña dejaría en la mesa solo dos: el análisis del estado de excepción y los principios generales para el régimen penitenciario. El resto, a su juicio, no requiere rango constitucional.
La pregunta política que flota en el ambiente —si sería una derrota para el gobierno que de ocho puntos prácticamente ninguno perseverara— la dejó sin responder. «Yo no soy la persona más adecuada para responderla», dijo, y remitió la consulta a los actores políticos.
La lectura de Hemisferio. El intercambio entre Peña y Arrau ilustra una tensión clásica del reformismo en seguridad: la urgencia política choca con la arquitectura jurídica. El gobierno de Kast tiene razón en el diagnóstico —Chile necesita herramientas firmes contra el crimen organizado— y tiene razón en el método: escuchar a los expertos antes de que el Congreso los cite como testigos adversos. Pero empaquetar ocho reformas constitucionales cuando bastarían leyes ordinarias para la mayoría de ellas es una apuesta arriesgada: infla el blanco, multiplica los frentes de oposición y diluye el debate sobre lo que realmente importa. Si al final solo sobrevive el estado de excepción —y sin los contrapesos que reclama Peña—, el gobierno habrá gastado capital político para obtener una herramienta cuestionada en su diseño. El orden y la seguridad son bienes públicos que el Estado debe garantizar; la forma en que lo haga determinará si las herramientas duran o si los tribunales las desactivan antes de que sirvan.
