El anuncio llegó y, por una vez, un especialista venezolano no lo recibió con escepticismo automático. Luis Izquiel, abogado penalista y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela, calificó la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia como «un excelente paso para el fortalecimiento de la justicia en Venezuela». La frase importa porque Izquiel no es un vocero oficial: es un académico de la UCV, institución que durante años ha mantenido distancia crítica del aparato estatal.
Pero la celebración duró lo que dura una advertencia.
El mismo Izquiel fue enfático en que el giro no puede detenerse en el máximo tribunal. «Luego se debería avanzar también hacia la revisión de los cargos de todos los jueces de las distintas instancias, así como los fiscales del Ministerio Público», señaló el especialista. La lógica es impecable: un TSJ renovado que opera sobre una pirámide judicial intacta es, en el mejor de los casos, una cúpula sin edificio.
El punto técnico que Izquiel pone sobre la mesa no es menor. La legislación venezolana, según recordó el experto, ya contempla el mecanismo correcto: los concursos públicos de oposición. No es una propuesta nueva ni importada; está escrita en la ley. «Todos estos funcionarios deben ser designados a través de concursos públicos de oposición, tal como lo establece la ley. Única forma de garantizar que actúen con autonomía e independencia», enfatizó.
La trastienda de esa exigencia es conocida por cualquier observador del sistema judicial venezolano. Durante años, los nombramientos en el Poder Judicial se procesaron por vías que los propios juristas describen como discrecionales, alejadas de los mecanismos de selección que la norma ordena. El resultado fue una judicatura cuya independencia quedó, en la práctica, subordinada a la voluntad del aparato político de turno. Izquiel no lo dice en esos términos en esta declaración, pero su insistencia en los concursos de oposición como «única forma» de garantizar autonomía apunta exactamente a ese diagnóstico.
Los detalles cuentan la historia. Que un penalista con trayectoria académica en la UCV use la palabra «excelente» para describir una medida del Estado venezolano es, en sí mismo, un dato. Que en la misma declaración condicione ese elogio a una reforma integral que abarque todas las instancias es, también, un dato. Ambos merecen ser leídos juntos.
Izquiel fue preciso en la secuencia que propone: primero el TSJ, luego los jueces de instancias inferiores, luego los fiscales del Ministerio Público. Una cadena. Si se rompe en cualquier eslabón, la independencia judicial que se proclama en la cúpula no llega a los tribunales donde los ciudadanos litigan sus casos cotidianos: los contratos, las propiedades, las libertades individuales.
Para entender el presente hay que volver a esa exigencia básica: la ley ya existe. El concurso público de oposición no es una innovación que deba inventarse; es un mandato que debe cumplirse. La pregunta que Izquiel deja abierta —sin formularla explícitamente— es si la voluntad política acompañará el anuncio hasta sus consecuencias lógicas.
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Desde la perspectiva de Hemisferio, la declaración de Izquiel ilumina una tensión que Venezuela arrastra hace décadas: la distancia entre el texto de la ley y su aplicación efectiva. Un sistema judicial independiente no es un lujo institucional; es la infraestructura sobre la que descansa la libre empresa, la propiedad privada y el estado de derecho. Sin jueces designados por mérito y no por lealtad, cualquier contrato es frágil, cualquier inversión es una apuesta y cualquier derecho individual depende del humor del poder de turno.
El anuncio de renovación del TSJ es, en ese marco, una oportunidad real —quizás la primera en mucho tiempo— de comenzar a cerrar esa brecha. Pero las oportunidades se miden por lo que producen, no por lo que prometen. Izquiel lo sabe. Por eso celebra y, en el mismo aliento, exige más.
