A más de un año del asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, la investigación abrió una nueva línea que sacude los cimientos del caso: la posibilidad de que la traición no vino de afuera, sino del círculo más cercano.
La Fiscalía avanza en verificaciones contra dos escoltas del exsenador que habrían facilitado información a los criminales detrás del homicidio. El hilo comenzó a desenredarse a partir del testimonio de uno de los implicados en el caso, según informó el medio colombiano El Colombiano.
La pregunta que María Claudia Tarazona no puede dejar de hacerse es, en apariencia, sencilla: ¿cómo podían los sicarios saber con semejante precisión cuándo saldría Miguel de su casa? En entrevista con RCN TV, la viuda fue directa: «Las únicas personas que podían saber en qué momento baja y cuánto se demora dentro de mi edificio... era su seguridad».
La respuesta implícita es la que la Fiscalía ahora intenta confirmar o descartar.
Los detalles cuentan la historia. Según el relato de Tarazona, con el paso de los meses comenzaron a aparecer elementos que reforzaron esa hipótesis. El ente acusador habría encontrado coincidencias entre los movimientos de algunos integrantes del esquema de seguridad y los de Simeón Pérez, alias El Viejo, señalado como cabecilla de la estructura criminal relacionada con el homicidio. Algunos de esos encuentros, de acuerdo con la versión de la viuda, ocurrieron precisamente mientras ella y Miguel se encontraban fuera del país.
A eso se sumaron señales de un súbito crecimiento patrimonial entre personas del círculo de protección del senador. «Esos escoltas mejoraron su patrimonio, que los abogados que contrataron no fue los que la familia y el Estado ofrece, sino son abogados supremamente costosos, y pues yo creo que lo más grave es el hecho de que hay movimientos con Simeone en distintos puntos de la ciudad justo cuando Miguel y yo estábamos de viaje», afirmó Tarazona.
Pero quizá los hallazgos que más perturban a la familia no están relacionados con el dinero, sino con la intimidad. Los teléfonos incautados a integrantes de la organización criminal contenían registros de los desplazamientos cotidianos de Tarazona, sus hijas y el pequeño Alejandro, de cinco años. La vida de la familia aparecía convertida en una suerte de mapa que revelaba lugares, recorridos y horarios. La misma cotidianidad que para ellos era rutina podía ser, para alguien más, una hoja de instrucciones.
Hay algo particularmente cruel en esa posibilidad. Quienes hoy aparecen bajo sospecha no eran extraños. Eran hombres que habían estado dentro de la vida de la familia prestando seguridad, que habían visto al senador en momentos que no tenían nada que ver con la política, que habían conocido los horarios de la casa y los gestos de una intimidad que para ellos debía haber sido inviolable. Tarazona ha contado que uno de los recuerdos que más la persigue es imaginar a Miguel dentro del automóvil familiar, cargando a Alejandro, cantándole canciones, mientras quienes estaban encargados de protegerlo presuntamente podían estar entregando información sobre sus movimientos. «Esto es asqueroso», dijo.
El asesinato también dejó una herida que no aparece en los expedientes judiciales. Alejandro creció viendo cómo la vida de su padre terminaba de una manera brutal y, desde entonces, comenzó a vivir con el temor de que la historia pudiera repetirse con su madre. Tarazona contó que el niño le pregunta con frecuencia: «Mami, ¿a ti te van a matar como a mi papá?». No es una pregunta ocasional. Según su relato, aparece «cada día de por medio». En una ocasión, el miedo llegó todavía más lejos: Alejandro le dijo a su madre que si a ella la mataban, él se metería en el cajón con ella.
La familia, entretanto, permaneció durante meses con un esquema de seguridad que Tarazona consideraba comprometido. Según su relato, durante la administración de Gustavo Petro buscó a Augusto Rodríguez, entonces director de la Unidad Nacional de Protección, sin que la fuente disponible detalle el resultado de esa gestión.
La escena lo dice todo. Un magnicidio que el Estado colombiano no pudo —o no supo— prevenir ahora revela una segunda falla: la posibilidad de que el aparato de protección haya sido infiltrado desde adentro. Si la Fiscalía confirma la hipótesis, el caso dejará de ser solo la historia de un crimen político para convertirse también en la historia de una institución que falló en su función más elemental: proteger a quienes custodiaba.
Para una Colombia que debate sin pausa los costos del modelo de seguridad del gobierno Petro, la pregunta de Alejandro —«¿a ti te van a matar como a mi papá?»— no es solo el dolor de un niño de cinco años. Es también una pregunta sobre qué clase de Estado es capaz de garantizar que quienes sirven al país puedan hacerlo sin pagar con su vida, y sin que quienes los protegen terminen siendo parte del crimen.
