La escena lo dice todo. Entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m., cuando los moderadores duermen y los algoritmos trabajan solos, llegan las denuncias. Decenas de ellas, en italiano, ruso, chino, inglés, portugués. Todas apuntan a la misma cuenta. Todas dicen lo mismo: el dueño es un impostor.
En días recientes, varias cuentas de Instagram de medios de comunicación, periodistas e influencers venezolanos quedaron suspendidas como consecuencia de denuncias basadas en copyright. Entre los afectados figuran el creador de contenido Miguel Alejandro Herrera —conocido como Kilómetro—, el abogado Pablo Aure, el activista político Luis Magallanes y el propio diario El Nacional. «Solo en el estado Carabobo hay docenas de cuentas afectadas», precisó Carlos Lozano, experto en inteligencia artificial y exparlamentario, quien analizó públicamente el mecanismo.
El método es quirúrgico. Según Lozano, los operadores contratan cerca de 30 correos electrónicos para atacar una cuenta desde múltiples idiomas y ángulos simultáneos. Las denuncias se acumulan en bloques nocturnos, con mayor intensidad en la madrugada, hasta que el sistema automatizado de Meta alcanza el umbral que dispara la suspensión. «El algoritmo no tiene capacidad de distinguir un ataque», advirtió el experto. Lo que el sistema ve es una avalancha de reclamaciones de copyright; lo que no ve es que todas provienen de la misma operación coordinada.
El detalle más revelador es el disfraz jurídico. En cada denuncia, los hackers se presentan como la víctima original e insinúan que el titular legítimo de la cuenta está suplantando su contenido, incluso cuando se trata de transmisiones en vivo o material completamente propio. Meta, al no poder verificar en tiempo real la autenticidad de cada reclamación, aplica la suspensión preventiva.
Lozano señaló que estas cuentas atacadas tienen en común que son utilizadas para informar sobre el acontecer político venezolano. Por ese motivo, indicó que todo apunta a que se trata de hackers contratados por representantes del régimen chavista. El experto también subrayó que el servicio no es barato: «Esto cuesta mucho dinero», recalcó, lo que sugiere una operación financiada con recursos organizados, no un activismo espontáneo.
El daño no termina con la suspensión. La trastienda del proceso de apelación es igualmente paralizante. Meta no establece un tiempo mínimo de respuesta, por lo que una cuenta puede permanecer inactiva durante meses. Además, cada denuncia debe apelarse de forma individual: el afectado debe llenar una descripción, agregar el enlace del video, consignar el número de denuncia y certificar por correo electrónico cada solicitud. No se permiten apelaciones simultáneas. Si una cuenta recibe cincuenta denuncias, el proceso se repite cincuenta veces.
Lozano llamó a Meta a supervisar las cuentas venezolanas vulnerables frente a este tipo de ataques y a revisar la arquitectura de su sistema de reclamaciones. Por su parte, la periodista Maibort Petit señaló públicamente a Meta de validar mecanismos de censura contra el periodismo venezolano y exigió que la empresa revise sus algoritmos, según reportó El Nacional.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Lo que ocurrió no fue un fallo técnico aleatorio: fue la explotación deliberada de una vulnerabilidad institucional. El aparato estatal venezolano —o quienes actúan en su nombre— no necesitó bloquear servidores ni presionar directamente a Meta. Le bastó con aprender el idioma del algoritmo y hablarle en su propio código.
Eso es lo que está en juego. Una plataforma privada, diseñada para conectar personas, se convierte en herramienta de censura no porque sus dueños lo decidan, sino porque su burocracia automatizada no distingue entre una denuncia legítima y una operación coordinada de silenciamiento. El costo lo pagan los periodistas suspendidos, los lectores sin información y, en última instancia, la libertad de prensa en uno de los países donde más cara resulta ejercerla.
