La escena lo dice todo. El lunes por la mañana, el Tribunal Supremo de Estados Unidos publicó su lista de órdenes sin fanfarria ni explicación. En unas pocas líneas, los magistrados denegaron la solicitud de nueva audiencia presentada por el equipo legal del presidente Donald Trump en el caso civil de E. Jean Carroll. No hubo comentario. No hubo votos disidentes registrados. No hubo salida.
Con esa decisión, Trump agotó sus vías de revisión ante el Tribunal Supremo en relación con el fallo de cinco millones de dólares que un jurado civil dictó en su contra en 2023, bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos del estado de Nueva York. Esa ley, promulgada en 2022, abrió durante un año —entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023— una ventana para que víctimas de delitos sexuales pudieran presentar demandas civiles sobre hechos que de otro modo habrían quedado fuera del plazo de prescripción.
El jurado encontró a Trump responsable de haber abusado sexualmente de Carroll en un probador de unos grandes almacenes de Manhattan en 1996 y de haberla difamado posteriormente en redes sociales. Aunque el abuso no alcanzó la definición legal de violación según la ley de Nueva York, el juez que presidió el caso aclaró que, en el sentido común del término, Trump sí violó a Carroll, según recogen las fuentes.
En julio, Trump pagó a Carroll más de cinco millones de dólares en concepto de daños e intereses, según informó la BBC. El Tribunal Supremo ya había rechazado en junio una primera petición de revisión. El equipo del presidente intentó entonces un segundo movimiento: solicitó una nueva audiencia argumentando que cuestiones de inmunidad presidencial pendientes en otro litigio —el relacionado con las elecciones de 2020, en el que el Tribunal Supremo resolvió en 2024 que los ex presidentes tienen inmunidad frente a procesamientos penales por ciertos actos oficiales, pero no por actos no oficiales— podrían afectar también al fallo de los cinco millones. El abogado Martinich-Sauter sostuvo que ese precedente era «una razón paradigmática para al menos retener la petición». El tribunal no lo vio así.
Las reglas del Tribunal Supremo permiten la revisión de un caso solo cuando existen «circunstancias sobrevinientes de efecto sustancial o determinante». Los expertos legales consultados por los medios calificaron el intento de maniobra de largo alcance poco probable.
«Estamos satisfechos de que el Tribunal Supremo haya declinado de nuevo escuchar este caso», declaró a TIME Roberta Kaplan, abogada de Carroll. «El veredicto unánime del jurado de que Donald Trump agredió sexualmente y luego difamó a E. Jean Carroll es ahora definitivo y no puede ser impugnado en ningún tribunal.»
Carroll, ex columnista de revista que tiene 82 años, celebró la decisión en un boletín enviado a sus seguidores. «Una anciana no puede marcar la diferencia», escribió. «Pero cuando esa anciana tiene un equipo de los abogados más brillantes de América, y cuando esa anciana tiene el apoyo de mujeres de todo el mundo, esa anciana puede hacer lo imposible.»
El portavoz del equipo legal de Trump respondió con un comunicado enviado a TIME: «El pueblo americano está con el presidente Trump mientras exige el fin inmediato de todas las cacerías de brujas, incluida la farsa financiada por los demócratas de los engaños de Carroll.»
El presidente mantiene que no conocía a Carroll antes de que ella lo acusara. «No tengo absolutamente ninguna idea de quién es esta mujer», escribió en redes sociales tras el primer veredicto, al que calificó de «una vergüenza».
El frente legal de Trump con Carroll no termina aquí. Un jurado civil de Manhattan ordenó en 2024 que el presidente pagara 83,3 millones de dólares en un caso de difamación separado, relacionado con declaraciones que hizo mientras ocupaba el cargo. Su equipo ha pedido al Tribunal Supremo que revise ese fallo, argumentando que los comentarios realizados desde la presidencia deberían estar cubiertos por inmunidad presidencial. Esa batalla sigue abierta.
Lo que el lunes quedó cerrado es el primer capítulo. Para Hemisferio, el dato relevante no es solo jurídico: es institucional. El Tribunal Supremo —con mayoría de magistrados designados durante administraciones republicanas— rechazó dos veces consecutivas revisar un fallo civil contra el presidente en ejercicio. Ningún argumento de inmunidad, ninguna apelación a la politización del proceso, logró mover a los magistrados. El principio de que nadie está por encima de la ley civil, por incómodo que resulte para cualquier gobierno, resistió la presión. Eso, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca, es una señal que vale la pena registrar.
