Para entender el presente hay que volver a esa semana.
Lo que debía ser una antesala festiva —la Universidad de Chile acortó distancias con el líder Colo Colo a días del Superclásico— se convirtió en una crisis institucional de fondo. La prisión preventiva dictada contra el excontrolador de Azul Azul, Michael Clark, en el marco del caso Sartor, sacudió a la concesionaria deportiva y, de rebote, a la propia Casa de Estudios que le presta su nombre y sus símbolos.
Los detalles cuentan la historia.
Esta semana, la prorrectora de la Universidad de Chile, Dorotea López, se sentó frente al liquidador del grupo financiero Sartor, Eduardo Godoy, para conocer de primera mano el proceso concursal que pondrá a la venta las acciones de Tactical Sport, firma dueña del 63% de las acciones de Azul Azul. A la reunión llegaron los abogados de ambas partes. El tema central: el convenio de autorización de símbolos distintivos que regula la relación entre la universidad y la sociedad anónima.
«Nos vino a exponer el proceso de liquidación concursal y reiteramos lo que ya habíamos dicho el viernes: no podemos continuar con un convenio que no le dé a la universidad las condiciones mínimas», declaró López tras el encuentro.
El diagnóstico interno es severo. El jurista Andrés Jana, contratado por la universidad para analizar los alcances legales del convenio, entregó sus primeras conclusiones. Según López, el informe señala «graves y reiterados incumplimientos por parte de Azul Azul al convenio de autorización de símbolos distintivos».
El problema estructural es conocido dentro de la institución, pero el caso Clark lo volvió urgente: la universidad tiene apenas dos votos en el directorio de Azul Azul. El controlador que designó Clark contaba con siete. Una asimetría que, en la práctica, dejó a la Casa de Estudios sin capacidad real de velar por el uso de su propio nombre.
«Hay un desequilibrio que debe ser corregido. Hoy, tenemos dos votos... Pero, pasa esto, que viene un controlador que puede poseer siete votos y que finalmente hace lo que quiere», advirtió Héctor Humeres, director de la universidad en Azul Azul. «Hay que plantear un nuevo directorio, donde la universidad tenga más peso, porque el de hoy no sirve», añadió.
La trastienda del proceso es compleja. La junta de acreedores de Sartor, prevista para septiembre, será la que decida si mantiene las actuales siete personas designadas por Clark en el directorio o las reemplaza. Hasta entonces, la universidad trabaja en una propuesta de modificación al convenio que presentará en esa instancia.
«El liquidador mostró una buena disposición, que agradecemos, y nosotros, en honor a los hinchas y a la historia, estamos dispuestos a plantear las modificaciones al convenio para proteger los valores y principios de la universidad», afirmó López.
El objetivo declarado es que no se repita el caso Clark: que un futuro controlador privado pueda operar con el nombre y los colores de una institución pública centenaria sin que esta tenga mecanismos reales de control.
La escena lo dice todo.
Una universidad que cede su marca a una sociedad anónima y luego descubre que no tiene votos suficientes para protegerla es el retrato de un contrato mal diseñado desde el origen. El convenio vigente entregó el activo más valioso —el nombre, la historia, la identidad— sin exigir a cambio una gobernanza proporcional. El resultado fue predecible: cuando el controlador privado actuó en beneficio propio, la Casa de Estudios no pudo hacer nada.
La lección que deja el caso Clark no es solo futbolística. Es una advertencia sobre lo que ocurre cuando una institución cede derechos sobre su patrimonio simbólico sin blindar su capacidad de supervisión. Que la corrección llegue ahora, empujada por una crisis judicial y no por previsión, dice tanto del convenio original como de quienes lo suscribieron y lo dejaron intacto durante años.
