La escena lo dice todo. Mientras los tribunales avanzan en el caso Sartor y sus principales ejecutivos enfrentan un juicio —entre ellos el otrora mayor accionista de Azul Azul, Michael Clark—, la Universidad de Chile decidió que ya era suficiente.
La prorrectora Dorotea López fue la encargada de leer el comunicado institucional. Sus palabras no dejaron margen a la interpretación: «resulta inaceptable para la Universidad que se continúe con el uso de su nombre y sus símbolos bajo tales circunstancias, sin condiciones mínimas que garanticen el respeto efectivo de su carácter universitario, sus principios y sus valores».
El detonante inmediato fue el primer reporte del informe encargado por la exrectora Rosa Devés al abogado Andrés Jana. Ese documento, aún en elaboración, ya arrojó conclusiones preliminares contundentes: «graves y reiterados incumplimientos por parte de Azul Azul al convenio de autorización de símbolos distintivos», según citó López.
El convenio en cuestión es el contrato que une a la Universidad con la concesionaria deportiva y que le permite a esta última operar bajo el nombre y los emblemas de la institución académica. Durante años, esa relación funcionó como un arreglo tácito: la concesionaria gestionaba el fútbol profesional, la universidad prestaba su identidad. El caso Sartor convirtió ese arreglo en una carga.
«El nombre y los símbolos de la Universidad se han visto afectados por una serie de conductas que se alejan de nuestros valores y principios», agregó López, quien también anunció que la institución se reunirá con el liquidador de Sartor, Eduardo Godoy, para plantearle directamente sus inquietudes.
La prorrectora fue explícita en un punto que pocas veces se dice con tanta claridad desde una institución pública: «la Universidad de Chile no es Azul Azul y, afortunadamente, la ciudadanía sabe distinguir entre una institución republicana y una concesionaria deportiva». La frase suena a distancia calculada, pero también a advertencia.
La Universidad anunció que «ejercerá todas las acciones que el convenio le confiere» y que «perseguirá las responsabilidades personales e institucionales que de ello deriven». Además, reconoció que «este convenio no responde a las complejidades actuales de las operaciones de las sociedades anónimas deportivas», lo que abre la puerta a una renegociación profunda o, en el escenario más extremo, a la terminación del vínculo contractual.
López también expresó que «la Universidad comprende la gravedad de la situación y solidariza con el sentimiento de indignación y dolor de los millones de hinchas del Club de Fútbol». El gesto hacia la hinchada no es menor: políticamente, la institución necesita separar su imagen de la gestión cuestionada sin alienar a una comunidad que se identifica con los colores azules desde hace décadas.
Los detalles cuentan la historia. El informe Jana no está terminado, pero su primer reporte ya fue suficiente para que la Universidad activara el mecanismo de presión máxima disponible dentro del contrato. Lo que sigue depende, en parte, de lo que ocurra en los tribunales con el caso Sartor y de lo que el liquidador Godoy pueda o quiera ofrecer en la reunión que se avecina.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Lo que está en juego no es solo el destino de una concesionaria deportiva: es el modelo por el cual una universidad pública entregó su nombre y sus símbolos —su activo más valioso— a una sociedad anónima privada, sin los mecanismos de control suficientes para protegerlos cuando la gestión se deteriorara. La propia prorrectora lo admitió: el convenio no estaba diseñado para este escenario.
El principio que emerge de esta crisis es elemental y vale más allá del fútbol: los contratos que involucran bienes intangibles de alto valor institucional —una marca, un nombre, una identidad centenaria— requieren cláusulas de salida claras y mecanismos de supervisión efectivos. Cuando esos mecanismos faltan, la institución queda rehén de la gestión privada. La Universidad de Chile aprendió esa lección de la manera más costosa.
