La escena lo dice todo. Un ministro recién llegado abre los libros de la entidad que hereda y encuentra no una institución en marcha, sino un reloj con la cuenta regresiva activada.
Rodrigo Lara, ministro del Interior, presentó su informe de empalme —bautizado internamente como «El libro de la verdad»— con una advertencia que no admite lectura burocrática: la Unidad Nacional de Protección (UNP) no tiene recursos para garantizar escoltas y vehículos hasta finalizar el año.
El documento es preciso en las fechas. Los rubros destinados a escoltas, vehículos, dotación y viáticos —que concentran el 80 % del presupuesto de la entidad— «se agotan el 30 de agosto y el 30 de septiembre de 2026», según el texto citado por Semana. En esas mismas fechas vencen cuatro contratos de protección. El informe advierte que el esquema encargado de resguardar a cientos de líderes sociales, exfuncionarios y personas amenazadas podría quedarse «sin los recursos que lo sostienen» en cuestión de semanas.
«Los esquemas de protección que dependen de la UNP resguardan a personas cuya vida está en riesgo por su liderazgo social o su testimonio judicial: un vacío presupuestal en esos contratos no es un problema administrativo, es un riesgo humano inmediato», advirtió Lara en el documento.
Pero el déficit operativo es solo la superficie. Debajo, el informe de empalme describe una acumulación de decisiones que el Equipo Élite Anticorrupción ya tiene bajo la lupa.
El primer caso documentado: una contratación directa de drones y antidrones por 50.000 millones de pesos que, según el balance, fue solicitada suspender porque presuntamente no contaba con viabilidad técnica ni disponibilidad presupuestal certificada. El segundo: la vinculación, en julio de 2026, de cerca de 1.500 escoltas y funcionarios administrativos, cuestionada por posibles incumplimientos de requisitos y la presentación de títulos presuntamente falsos.
El tercer flanco es el más voluminoso en cifras. El Equipo Élite examinó, dentro de los 23 casos de presunta corrupción identificados en el gobierno Petro, un proceso de la UNP por más de 78.000 millones de pesos para contratar servicios de escolta. La licitación, según el informe, priorizaba únicamente dos de las diez zonas del país, dejando fuera otras regiones consideradas estratégicas. Ante los cuestionamientos sobre esa delimitación, el Equipo Élite presentó una queja disciplinaria y solicitó suspender al director de la entidad. Un juez de Pereira ordenó detener provisionalmente el proceso contractual mientras se evaluaban las circunstancias advertidas.
Los detalles cuentan la historia. No se trata de un recorte presupuestal ordinario ni de una entidad que simplemente «se quedó corta». El cuadro que emerge del informe de empalme es el de una institución que llegó al cambio de gobierno con contratos cuestionados, procesos suspendidos judicialmente, vinculaciones bajo sospecha y un presupuesto que se extingue antes de que termine el verano.
El horizonte de 2027 no mejora el panorama. El documento advierte que la UNP solicitó para ese año un presupuesto 18,2 % inferior al de 2026, lo que, de mantenerse, reduciría aún más su capacidad de respuesta.
Lara cerró su balance con una frase que suena a declaración de principios tanto como a diagnóstico: «La gobernabilidad del país empieza por garantizar que ningún colombiano se quede sin protección, sin pasaporte o sin la respuesta del Estado que la ley le debe».
Para Hemisferio, la lectura es inevitable. Lo que el «libro de la verdad» describe no es mala suerte fiscal: es el resultado de cuatro años en que el aparato estatal fue gestionado con una lógica que privilegió la contratación opaca sobre la sostenibilidad institucional. El costo lo pagan, con su seguridad, precisamente quienes el Estado tiene obligación legal de proteger. Que sea el nuevo ministro quien deba salir a explicar el agujero —y no quienes lo cavaron— es el resumen más elocuente del legado administrativo del petrismo en la UNP.
