El campus principal de la Universidad Pontificia Bolivariana, en el barrio Laureles de Medellín, se convirtió esta semana en un punto de convergencia solidaria. Bajo la carpa tarima de la circular 1ra No.70-01, cajas de arroz, lentejas, cobijas y pañales comenzaron a acumularse con un destino claro: las familias que el terremoto del 10 de agosto dejó sin certezas en el Chocó.
La institución habilitó dos vías de ayuda. La primera, para quienes prefieren donar en dinero: un código QR disponible en upb.edu.co/campana-donaciones y una transferencia directa a la cuenta de la Fundación Universidad Pontificia Bolivariana, número 551-00009757, con llave @upbsolidaria. Quienes necesiten certificado de donación pueden solicitarlo enviando el comprobante a facturacionfundacionupb@upb.edu.co.
Para donantes en el exterior, la cuenta de ahorros es la misma y el código SWIFT es COLOCOBM —o COLOCOBMXXX si el sistema exige once dígitos—. La dirección física de Bancolombia donde está inscrita la cuenta es Av. Industriales Carrera 48 # 26-85, Piso 1, Torre Norte, Comercio Internacional, Medellín.
La segunda vía es la donación en especie. El punto de acopio recibe alimentos no perecederos: arroz, lentejas, fríjol, garbanzos, pasta, harina de maíz, avena, atún y sardinas enlatadas, verduras enlatadas, leche en polvo, aceite, panela, azúcar, galletas y cereales. Todos deben llegar en buen estado, debidamente sellados y con fecha de vencimiento vigente. También se aceptan agua embotellada, elementos de aseo, pañales para niños y adultos, cobijas y sábanas nuevas.
«Miles de familias colombianas enfrentan momentos de profunda incertidumbre tras el terremoto que afectó al país. Por eso, desde la UPB queremos unir esfuerzos para brindarles apoyo y esperanza», publicó la universidad en su portal web al lanzar la campaña.
El contexto no es menor. El Gobierno nacional anunció, según informó El Colombiano, una ayuda de 2,6 millones de pesos por familia damnificada, más materiales de construcción. Los detalles de cómo llega esa asistencia y quién la coordina siguen siendo materia de seguimiento periodístico. Mientras tanto, la carpa de Laureles ya recibe cajas.
Los detalles cuentan la historia. Una universidad privada, sin esperar instrucciones ni resoluciones, activó en días una infraestructura logística —cuenta bancaria, canal internacional, punto físico de acopio, sistema de certificación— que el ciudadano puede usar de inmediato. No hay formularios de tres páginas ni ventanillas con horario restringido.
Para Hemisferio, la escena lo dice todo: cuando el Estado anuncia cifras y la sociedad civil ya está empacando lentejas, el debate sobre quién responde más rápido y con mayor eficacia a una emergencia se responde solo. La libre iniciativa —en este caso, de una institución educativa con vocación de servicio— no sustituye la obligación del Gobierno de atender a sus ciudadanos, pero sí revela la brecha entre el anuncio y la acción concreta. Esa brecha es, en última instancia, el verdadero costo que pagan las familias del Chocó mientras esperan.
