La escena lo dice todo. Un embajador publica en X el mismo mensaje que su gobierno le envió por WhatsApp a un gerente de cooperativa: la tecnología china no es bienvenida en Vaca Muerta, y quien avance con ella podría enfrentar consecuencias.
Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en la Argentina, volvió a pronunciarse esta semana contra el uso de equipos de empresas chinas en infraestructura crítica. Lo hizo en redes sociales, con nombres propios: «Las tecnologías de alto riesgo de empresas chinas como Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua y DJI están, en última instancia, sujetas a los designios del gobierno comunista chino», escribió.
El argumento central es legal, no solo geopolítico. Según Lamelas, la legislación china obliga a esos proveedores a «cooperar con los servicios de inteligencia de Beijing», lo que generaría «riesgos de espionaje, ataques informáticos e interrupciones de las redes». El llamado fue directo: «Instamos a los socios de Estados Unidos en América a cambiar rápidamente a proveedores confiables para proteger a sus ciudadanos y su soberanía».
El mensaje de Lamelas en X siguió la misma línea de una publicación que Juan Segura —hijo de argentinos, recién oficializado por Donald Trump como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental— había difundido el viernes por la noche. La coordinación entre el embajador en Buenos Aires y el principal responsable del Departamento de Estado para América Latina no parece casual.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El conflicto estalló cuando trascendieron mensajes de WhatsApp en los que Lamelas le pedía urgentemente a un gerente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF) que diera de baja una negociación con Huawei para la instalación de un data center en Vaca Muerta. En el mismo texto, según las fuentes que difundieron el chat, el embajador advirtió sobre eventuales restricciones de visado para los directivos que avanzaran con la tecnológica china.
CALF calificó el episodio como una presión indebida y elevó el reclamo a la Cancillería argentina. La respuesta de Lamelas fue confirmar la autenticidad de la correspondencia: «Confirmo que la correspondencia refleja fielmente la política de los Estados Unidos. Como embajador, mi obligación y prioridad en la Argentina es proteger la seguridad nacional y promover la inversión estadounidense».
Días después, el embajador recibió a las autoridades de CALF. Describió el encuentro como «un diálogo productivo sobre el trabajo de la cooperativa en Neuquén, la expansión de sus servicios en Vaca Muerta y la importancia de cuidar la seguridad de los datos».
El 13 de agosto, Lamelas ya había llevado el mismo mensaje al summit de AmCham Energía. Allí fue más explícito: «China exige a sus empresas que le den al Estado cualquier dato que pase por su tecnología y sus redes de inteligencia artificial. Todo está controlado por el Partido Comunista Chino. Esto no vale y tampoco va a ayudar a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta». Remató con una pregunta retórica: «¿Por qué en uno de los países más capitalistas y más libres del mundo, Estados Unidos, no se puede comprar ni vender equipos de Huawei?».
Los detalles cuentan la historia. Washington no está improvisando: la presión sobre CALF, los discursos en foros empresariales y la coordinación con Segura forman parte de una estrategia coherente para desplazar a Huawei de la infraestructura digital del yacimiento más importante de América Latina fuera de Venezuela.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el fondo del asunto es claro. Vaca Muerta no es solo un activo energético: es infraestructura crítica cuya seguridad de datos importa tanto como sus barriles. Que una empresa sujeta por ley a entregar información a un gobierno extranjero opere los sistemas de un yacimiento estratégico no es una cuestión ideológica, sino un riesgo concreto para la soberanía y para los inversores privados que apuestan al proyecto. La pregunta que el gobierno argentino deberá responder no es si cede a la presión de Washington, sino si tiene una política propia de ciberseguridad para su infraestructura más valiosa. Esa política, hasta ahora, no ha aparecido en el debate.
