La escena lo dice todo.
Era la noche del sábado cuando un torrencial aguacero cayó sobre Caracas. Para la mayoría de los capitalinos fue una tormenta más. Para las familias refugiadas en carpas frente a la Misión Vivienda OPP-10, en la parroquia Santa Rosalía, fue una nueva catástrofe.
Según denunció el periodista y activista Carlos Julio Rojas en redes sociales, el aguacero destruyó los toldos que protegían a 115 familias que llevan semanas viviendo en la calle después de que su edificio quedara inhabitable por el doble terremoto. «El palo de agua les destruyó los toldos dejando a muchos niños y ancianos a la intemperie», escribió Rojas, quien publicó un video que documentó el hecho.
Las imágenes muestran el llanto de madres damnificadas, extremadamente preocupadas por la integridad de sus hijos en vulnerabilidad total.
No fue el único campamento golpeado esa noche. En el bulevar Panteón, parroquia Altagracia, un centenar de familias caraqueñas con sus niños terminaron también bajo la lluvia con los toldos destruidos y los colchones empapados. El detalle geográfico resulta elocuente: ese campamento está ubicado al lado del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. El aparato estatal, literalmente, a metros de distancia.
«Un centenar de familias caraqueñas con sus niños terminaron bajo la lluvia sin ningún apoyo estatal a pesar de estar al lado del Tribunal Supremo de Justicia», denunció Rojas.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Rojas había alertado sobre el abandono de estos damnificados apenas horas antes de que comenzara la lluvia. Su diagnóstico era preciso: «Luego de 50 días del doble terremoto no se han iniciado los trabajos de reestructuración. Para colmo les cambian etiqueta roja por amarilla sin explicación alguna». El cambio de etiqueta —de rojo a amarillo— implica una reclasificación del riesgo estructural del edificio, pero sin que ello se haya traducido en ninguna acción concreta de rehabilitación ni en el retorno de las familias a sus hogares.
Rojas señaló directamente a Carmen Meléndez y a Jacqueline Faría como responsables del abandono, acusándolas de «decidir ignorar la tragedia post sismo». El activista también acusó al régimen de Delcy Rodríguez de «voltear la mirada teniendo el desastre en sus narices».
Los detalles cuentan la historia. Cincuenta días. Ninguna obra de reestructuración iniciada. Toldos que no resisten una tormenta de verano. Niños llorando en la oscuridad mientras a pocos metros funcionan los edificios del poder judicial y del ministerio de propaganda del Estado venezolano.
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Lo que ocurrió en Santa Rosalía y en el bulevar Panteón no es una tragedia natural: es el retrato de un Estado que ha perfeccionado el arte de estar presente solo para el control y ausente para el servicio. El doblete sísmico fue el detonante; el abandono posterior es la política.
En cualquier sistema donde el gobierno rinde cuentas a los ciudadanos —y no al revés—, cincuenta días sin iniciar obras de reestructuración mientras familias duermen en carpas en plena capital constituiría un escándalo político de primer orden. En Venezuela, el aparato chavista ni siquiera se molesta en dar explicaciones sobre el cambio de etiqueta estructural. La burocracia no falla por ineficiencia: falla porque nadie le exige que funcione. Esa es la diferencia entre un Estado que sirve y uno que simplemente ocupa el espacio.
