La escena lo dice todo. Un lunes por la mañana en el centro de Caracas, decenas de activistas y familiares de presos políticos avanzaron hacia la sede del Ministerio de Interior, Justicia y Paz pese a que múltiples comisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) intentaron detenerlos. Los uniformados antimotines jalaron pancartas. No fue suficiente.
Fueron mujeres las primeras en aprovechar el momento. Según imágenes difundidas por la organización no gubernamental Provea, rompieron el cerco y pusieron rumbo directo al despacho de Diosdado Cabello, a quien la fuente describe como «uno de los mayores artífices de las detenciones políticas en todo el país». La protesta fue convocada por la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, que previamente había realizado un acto en la plaza de Parque Carabobo, frente al Ministerio Público.
El activista Marino Alvarado informó que, tras romper dos cercos policiales, un grupo de cinco familiares fue recibido por funcionarios del Ministerio de Interior, Justicia y Paz para entregar un documento. Una victoria pequeña, pero concreta, en un país donde llegar a la puerta ya es noticia.
Las exigencias tienen nombre y número. Los manifestantes reclamaron la publicación del listado íntegro de los supuestos 131 presos políticos que, según anunció semanas atrás Jorge Rodríguez tras una reunión de la mesa de negociación que encabeza junto a Dinorah Figuera, habrían sido excarcelados. Pero los familiares no aceptan esa cifra: sostienen que los presos políticos no son 131, sino 400, y exigen la libertad plena para todos.
Minutos antes de la marcha hacia el ministerio, los asistentes también presentaron peticiones ante el Ministerio Público, encabezado por el fiscal Larry Devoe, con la finalidad de ser escuchados.
Hubo además un reclamo de fondo que va más allá de los números. Los familiares solicitaron la revisión de las causas individuales, argumentando que «hay muchos presos políticos que no están considerados como tales, pero es importante la revisión de cada uno de ellos porque el gobierno, o este régimen, los agarró y simplemente los involucró en cada caso». La frase resume la trastienda de un sistema judicial que, según los propios afectados, opera con lógica de captura masiva, no de proceso legal.
Al terminar la jornada, los manifestantes clamaron «que sean todos», consigna que condensa en tres palabras la distancia entre lo que el régimen anuncia y lo que las familias viven.
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Lo que ocurrió este lunes en Caracas no es solo una protesta más. Es el retrato de un aparato estatal que despliega antimotines contra madres con pancartas y que, cuando la presión supera al cerco, recibe a cinco personas para tomar un papel. La brecha entre ese gesto mínimo y la demanda de 400 liberaciones mide, con precisión, el costo humano de mantener presos políticos como moneda de negociación.
La mesa que encabezan Rodríguez y Figuera produce anuncios; las familias producen presencia. Mientras el régimen administra cifras —131 aquí, una lista incompleta allá—, quienes esperan en casa saben que cada número tiene un nombre. Esa es la diferencia entre la trastienda diplomática y la realidad que se planta, cada lunes, frente a las puertas del poder.
