La escena lo dice todo. Un auditorio de la Universidad Panamericana, campus Mixcoac, lleno de ejecutivos, académicos e inversionistas el 17 de agosto, y una pregunta que flotaba sobre cada mesa: ¿dónde está México en la carrera tecnológica global? La respuesta, construida panel a panel, fue incómoda y útil a la vez.
El primer panel del Foro Futuro México —organizado por EL UNIVERSAL y la Universidad Panamericana en su primera edición— se concentró en inteligencia artificial, innovación y el futuro de los negocios. Los participantes ubicaron la preparación del país entre 5 y 7 puntos sobre 10. No es un desastre, pero tampoco es una posición de liderazgo. Y la brecha, advirtieron, no es solo tecnológica: es estructural.
Adriana García, economista en jefe de México, ¿Cómo Vamos?, y el Dr. Eugenio Gómez, director de maestrías en economía digital de la Universidad Panamericana, coincidieron en señalar que la adopción desigual de la IA puede ampliar la distancia entre las grandes empresas formales y las microempresas que operan en la informalidad. Francisco Padilla, director de tecnología y cofundador de Konfío, y Pedro Javier Leyva, empresario especializado en regulación financiera y fintech, pusieron sobre la mesa el crecimiento en el uso de herramientas de IA en actividades como programación, ciencia de datos y ventas. El diagnóstico compartido: México usa inteligencia artificial, pero todavía de forma básica.
La educación apareció como el nudo central. Los especialistas discutieron el papel de las universidades en un entorno donde las herramientas evolucionan más rápido que los planes de estudio, y señalaron capacidades que ningún algoritmo reemplaza: pensamiento crítico, ética, adaptabilidad. También plantearon la necesidad de marcos regulatorios capaces de acompañar la innovación sin frenarla —una tensión que cualquier economía de mercado conoce bien y que México aún no ha resuelto.
El segundo panel trasladó la conversación al territorio físico: infraestructura, energía y movilidad inteligente. Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), moderó el intercambio entre Germán Carmona, presidente de la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico (AMIVE) y académico del Instituto de Ingeniería de la UNAM; Álvaro Echeverría, CEO y cofundador de SimpliRoute; y Eugenio Grandío, presidente de Electromovilidad de México Asociación (EMA).
Los números son elocuentes: la adopción de electromovilidad en México se ubica en 3%. Sin embargo, los ponentes no leyeron esa cifra como un fracaso sino como el punto de partida de una transición que ya está en marcha, sobre todo en logística e industria, donde el retorno de inversión y la eficiencia económica pesan más que cualquier argumento ambiental. Esa fue, quizás, la apuesta más inteligente del panel: sacar la discusión del terreno ideológico y colocarla en el de los incentivos y la competitividad.
Grandío lo dijo con precisión quirúrgica: «Un coche de gasolina vendido hoy es un coche de gasolina que va a seguir contaminando los siguientes 20 años». La frase no es solo un argumento ambiental; es un argumento sobre decisiones irreversibles y sus costos diferidos. Los participantes abordaron también el uso de IA para optimizar rutas de transporte considerando el rendimiento de baterías, los desafíos de la red de distribución eléctrica nacional, el reciclaje de materiales de baterías y la urgencia de avanzar en regulaciones, estándares de cargadores e incentivos.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Lo que el Foro Futuro México dejó en evidencia no es solo un catálogo de oportunidades: es un mapa de decisiones postergadas. México tiene talento, tiene mercado y tiene una posición geográfica que el nearshoring ha vuelto a poner en valor. Pero la libre empresa no opera en el vacío: necesita reglas claras, infraestructura confiable y un aparato estatal que facilite en lugar de entorpecer.
El riesgo real no es que México llegue tarde a la inteligencia artificial o a la electromovilidad. El riesgo es que el país llegue con un marco regulatorio improvisado, una red eléctrica insuficiente y una brecha de productividad que el gasto público no puede cerrar por decreto. Los líderes empresariales que llenaron ese auditorio en Mixcoac lo saben. La pregunta es si quienes toman las decisiones desde el aparato estatal están escuchando la misma conversación.
