El 11 de abril, Yajaira Yanet Sigueñas Urbano, cosmiatra de 32 años, fue hallada gravemente herida en su vivienda del distrito limeño de Surquillo. Tenía múltiples heridas punzocortantes y quemaduras que afectaron el 70 % de su cuerpo. Murió 22 días después, tras una agonía que la fiscalía peruana alcanzó a documentar: antes de fallecer, Sigueñas Urbano identificó a su pareja, Luis André Flores Julca, como el agresor.
Las cámaras de seguridad del edificio registraron el ingreso y la salida de Flores Julca. Salió cargando una maleta y objetos personales de la víctima. La investigación policial estableció que habría forzado la cerradura del departamento antes de perpetrar el ataque.
La huida y la cervecería de Buenos Aires
Flores Julca no esperó el desenlace. Escapó del país y las autoridades peruanas activaron los canales de Interpol. Con el apoyo de la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol Buenos Aires, se emitió una orden de detención internacional.
Mientras la búsqueda avanzaba, el sospechoso fue fotografiado relajado en una cervecería de la capital argentina. También se comprobó que realizó movimientos bancarios y adquirió un teléfono móvil con recursos de la víctima. El 15 de mayo fue capturado en la provincia de Santa Fe.
La escena lo dice todo: un hombre acusado de feminicidio, con pruebas en su contra que incluyen grabaciones, declaración de la víctima y registros tecnológicos, pasó semanas en libertad en otro país mientras la maquinaria burocrática tomaba impulso.
Noventa días que la familia cuenta uno a uno
Karen Soriano, hermana de la víctima, explicó en declaraciones a Latina Noticias la anatomía de los retrasos. La justicia peruana tardó casi sesenta días en presentar el cuadernillo de extradición a las autoridades argentinas. Estas, a su vez, tomaron un mes en responder. En total, según Soriano, los trámites entre ambos países acumularon cerca de 90 días.
El juzgado de Santa Fe ya declaró procedente la extradición y fijó un plazo máximo de 30 días para el traslado. Pero la familia teme que una nueva dilación obligue a reiniciar el proceso desde el principio. A la fecha de publicación de esta nota, no existe una fecha definitiva para el traslado.
El Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima conduce el proceso y es el órgano encargado de juzgar a Flores Julca una vez que sea trasladado.
Las pruebas esperan al acusado
La investigación judicial acumuló un expediente sólido: grabaciones de cámaras de seguridad que confirman la presencia de Flores Julca en la escena, registros tecnológicos que lo vinculan con el robo del celular de Sigueñas Urbano y la declaración de la propia víctima ante la fiscalía antes de morir. El caso no carece de evidencia. Lo que falta es que el acusado esté físicamente en el país donde debe ser juzgado.
Lo que está en juego
El caso de Yajaira Sigueñas Urbano no es solo una tragedia familiar: es una prueba de estrés para los mecanismos de cooperación judicial entre Perú y Argentina. Cuando el aparato estatal tarda 60 días en presentar un cuadernillo de extradición —un trámite administrativo, no una deliberación de fondo— el mensaje que recibe la familia de la víctima es que la burocracia tiene su propio calendario, distinto al del duelo y al de la justicia.
El libre funcionamiento del estado de derecho exige que los instrumentos de persecución penal sean ágiles, no solo formalmente correctos. Un proceso que puede reiniciarse por vencimiento de plazos, después de que el acusado ya fue capturado y la extradición ya fue declarada procedente, revela un diseño institucional que castiga a las víctimas con la misma indiferencia con que premia la demora. La familia Sigueñas Urbano lleva más de tres meses esperando que dos sistemas judiciales coordinen una logística. Eso no es justicia lenta: es justicia en riesgo.
