Lima, agosto de 2026. Las familias llegaron con fotografías. Se plantaron frente a la embajada de Rusia en Lima y esperaron. La escena lo dice todo.
La controversia por la presencia de ciudadanos peruanos en el conflicto entre Rusia y Ucrania escaló en las últimas semanas luego de que el Gobierno de Perú confirmara cifras concretas: al menos 11 peruanos muertos, 114 desaparecidos y un total de 459 connacionales que se habrían sumado a lo que Moscú denomina la Operación Militar Especial. Tres de ellos, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, han sido capturados por las fuerzas ucranianas.
La Cancillería peruana ha sostenido reuniones informativas con las familias afectadas y ha enviado delegaciones especiales a Moscú para gestionar repatriaciones y exigir información sobre el paradero y el estado de los involucrados. El 11 de agosto de 2026, el ministro de Exteriores Carlos Espá se reunió con el embajador ruso Alekséi Ushakov en Lima.
Cuatro días después, el 15 de agosto de 2026, la Embajada de Rusia en Perú difundió un comunicado oficial. El texto rechaza las versiones sobre redes que habrían engañado o coaccionado a ciudadanos para enviarlos a Rusia y forzarlos a firmar contratos con el Ministerio de Defensa. La delegación diplomática afirma que «todos los que firmaron dichos contratos eran capaces y conscientes de las disposiciones del documento, de las condiciones del servicio militar y de los riesgos asociados, así como de los derechos y deberes de las partes».
El comunicado va más lejos: la embajada resalta la «alta valoración» que otorga a la contribución de los peruanos, quienes, según el texto, colaboran junto a militares rusos en la Operación Militar Especial. Moscú asegura además que cumple con todas las obligaciones establecidas en los contratos, incluyendo la capacitación militar de los reclutados, y reitera su disposición para mantener un «diálogo integral» con Lima sobre una «amplia gama de cuestiones».
Las denuncias, sin embargo, no provienen solo de Lima. Amnistía Internacional Ucrania advirtió sobre la existencia de ciudadanos latinoamericanos reclutados bajo ofertas laborales engañosas en áreas como la construcción o la cocina. Según esa organización, los señalamientos incluyen a personas de Brasil, Cuba, Perú y Uruguay, así como de países africanos y asiáticos. Un caso documentado por medios peruanos describe a un joven rescatista de El Callao que, según su familia, fue engañado con una promesa laboral y terminó enrolado en el frente.
La postura rusa y las denuncias de organizaciones de derechos humanos dibujan dos relatos incompatibles: contrato voluntario y consciente, por un lado; captación fraudulenta, por el otro. La Cancillería peruana no ha cerrado ninguna de las dos líneas de investigación.
Los detalles cuentan la historia. Lo que está en juego aquí no es solo la suerte de 459 peruanos en un frente de guerra a miles de kilómetros de Lima. Es la pregunta de si el aparato estatal peruano tiene capacidad real para proteger a sus ciudadanos cuando un gobierno extranjero —con interés directo en mantener el flujo de combatientes— controla la información sobre su paradero. Cada semana que pasa sin respuestas concretas es una semana en que la burocracia diplomática sustituye a la acción.
Para una región que ya arrastra décadas de emigración forzada por la falta de oportunidades económicas, el reclutamiento bajo promesas laborales falsas representa la forma más brutal de explotación de esa vulnerabilidad. El libre mercado y la movilidad humana exigen contratos transparentes y cumplibles; lo que describen las familias en Lima —y lo que documenta Amnistía Internacional Ucrania— es exactamente lo contrario: la instrumentalización de la necesidad económica al servicio de una guerra que no es la de esos ciudadanos.
