Para entender el presente hay que volver a esa madrugada del 18 de julio en Sombrerete.
Ignacio Castrejón, exalcalde del municipio zacatecano, fue privado de la libertad en las primeras horas de ese día. Horas después, su cuerpo apareció con múltiples impactos de bala en un camino de terracería del municipio de Saín Alto. Era una de las 10 víctimas mortales de una jornada que sacudió a Zacatecas: entre los otros nueve muertos figuraban seis empresarios y dos funcionarios del ayuntamiento de Fresnillo, cuyos cuerpos fueron localizados en los municipios de Morelos y Pánuco.
La escena lo dice todo. Un exedil secuestrado de madrugada, una masacre que cruza varios municipios, y un rastro que, según la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, conduce directamente al estado de Durango.
El arma y el vehículo que hablaron
El quiebre en la investigación llegó el 14 de agosto, cuando la Guardia Nacional detuvo a cinco personas en Saín Alto por un hecho en flagrancia. Entre los objetos asegurados había un arma de fuego calibre 9 milímetros. Al someterla al Laboratorio de Balística Forense, los peritos confirmaron que los proyectiles extraídos del cuerpo de Castrejón coinciden en su totalidad con ese armamento.
No fue el único hallazgo. Durante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble, las autoridades localizaron dos vehículos. Uno de ellos —un automóvil blanco que estaba volcado y oculto— fue procesado por personal pericial. Los rastros hemáticos encontrados en su interior arrojaron un perfil genético idéntico al del exalcalde.
Bala y sangre. Dos dictámenes científicos que, según el fiscal Cristian Camacho Osnaya, vinculan directamente a los imputados con el homicidio.
Órdenes de aprehensión y proceso judicial
Con esas evidencias en mano, la Fiscalía obtuvo de un juez de control órdenes de aprehensión contra cuatro sujetos originarios de Durango y uno más de Veracruz, todos por el delito de homicidio calificado. Los cinco ya habían sido vinculados a proceso por los delitos cometidos en flagrancia al momento de su captura; ahora enfrentan también la imputación formal por el crimen del exedil. Las órdenes se encuentran en proceso de cumplimentación.
El fiscal Camacho Osnaya ofreció además un balance general de las investigaciones por esa jornada violenta. Al momento del reporte, se había logrado la detención de 33 personas, de las cuales 19 son consideradas objetivos prioritarios: 17 originarias de Durango, ocho de Zacatecas, tres de Sinaloa y una de Veracruz. Se han judicializado 24 órdenes de aprehensión —ocho por homicidio calificado—, ejecutado 45 cateos, aplicado 106 técnicas de investigación con control judicial y elaborado 279 dictámenes periciales. Además, se aseguraron 28 vehículos y se abrió una investigación sobre cuentas bancarias.
Los detalles cuentan la historia: la operación que cobró diez vidas no fue un estallido espontáneo, sino el despliegue de una célula delictiva foránea con logística, armamento y movilidad suficientes para actuar en varios municipios en una sola noche.
Lo que está en juego
El caso Sombrerete expone una vez más la geografía del crimen organizado en el centro-norte de México: grupos que operan desde Durango o Sinaloa y se desplazan a Zacatecas para ejecutar objetivos —entre ellos, un exfuncionario electo y empresarios locales— con una impunidad que solo la ciencia forense, aplicada con rigor, ha comenzado a desmantelar.
Para Hemisferio, el dato más revelador no es el número de detenidos sino el perfil de las víctimas: un exalcalde, seis empresarios, dos funcionarios municipales. El crimen organizado no atacó solo a rivales internos; atacó a la clase que sostiene la economía y la institucionalidad local. Cada empresario asesinado es una inversión que no llega, un empleo que no se crea, una señal que se envía al resto. El aparato estatal tiene la obligación de responder con algo más que cifras de cateos: con condenas firmes que demuestren que el Estado de derecho en Zacatecas no es una promesa diferida.
