La camilla llegó al apartamento del barrio Terrazas de San Jorge un sábado por la mañana. Con ella, un equipo de oxígeno y varios insumos médicos. La escena lo dice todo: lo que debía ser la última sesión de un tatuaje —un dragón y una figura femenina en la espalda y parte de los glúteos— se había convertido, sin que nadie lo advirtiera, en un quirófano improvisado.
Yenifer García quería evitar el dolor de las agujas. Según relató su hermana Claudia García a Caracol Radio, una amiga le recomendó a alguien «conocido» que ofrecía el servicio de anestesia: «Le dijo: mira, él ha hecho anestesias, ha hecho suavebrisas y ha hecho lipopapadás». La confianza en ese «personaje», según las palabras de la propia Claudia, fue el primer eslabón de la cadena.
El tatuador y su acompañante ingresaron a la vivienda. La familia esperaba una anestesia local. Lo que se aplicó fue sedación intravenosa. «Le dijeron que estuviera tranquila, que iba a estar despierta», declaró una de las hijas de la víctima, también a Caracol Radio, quien observó varias jeringas e inyecciones en el lugar.
Durante los primeros minutos, Yenifer conversaba, movía un pie y avisaba cuando sentía dolor. Luego su habla se alteró. Después cayó en un sueño profundo. Cuando dejó de registrar movimiento, su hija llamó al 123.
El personal de emergencias guio por videollamada al tatuador y su asistente durante aproximadamente 30 minutos de maniobras de reanimación. Al llegar la ambulancia, los paramédicos tomaron el control. Yenifer no volvió a responder.
Días después, la familia encontró detrás de la cama varios elementos caídos durante la reanimación: una caja de Ketamin-50, un frasco de Dormicum —cuyo principio activo es midazolam—, una jeringa marcada con esa sustancia, un polvo estéril para solución inyectable y un tapón de heparina.
Jonathan Cantor, esposo de Yenifer, relató que durante la emergencia una profesional interrogó al asistente sobre los fármacos administrados. Según su versión, el asistente mencionó ketamina, con una dosis inicial y otra adicional. La profesional preguntó: «¿Ya le puso siete?». Cantor afirmó que también se mencionaron cinco medicamentos administrados o mezclados, aunque la familia no pudo precisar si la cifra correspondía a mililitros o dosis. Ese detalle deberá establecerlo Medicina Legal.
Claudia García añadió un dato que agrava el cuadro: «Tengo entendido que no le puso una sola vez, sino cada vez que ella decía que le seguía doliendo». Y agregó que, según lo que le dijeron, uno de los medicamentos hallados «se procesa el tusi» o «es anestesia ya para animales».
La Secretaría de Salud de Bogotá verificó en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud que el hombre que aplicó las sustancias —cuyo nombre aún no ha sido divulgado públicamente— figura desde el 14 de julio de 2016 como técnico laboral auxiliar de enfermería. No como médico. No como anestesiólogo. La Fiscalía General de la Nación y los peritos forenses tienen a su cargo establecer la causa exacta del fallecimiento.
Luis Alexander Moscoso Osorio, subsecretario de Servicios de Salud de Bogotá, advirtió a El Espectador que los sedantes pueden generar pérdida de consciencia, alteraciones cardiovasculares, convulsiones y depresión del sistema nervioso. «Estos medicamentos deben ser utilizados únicamente en entornos clínicos que tengan las condiciones de seguridad correspondientes», señaló. Y precisó: «Cuando se hace un tatuaje no es un acto médico, pero utilizar un medicamento para sedar a una persona sí lo es».
El caso ha reabierto el debate sobre los procedimientos estéticos e invasivos realizados en viviendas particulares, una práctica que opera en un espacio donde el aparato de inspección sanitaria llega tarde o no llega.
Lo que está en juego es más amplio que una tragedia familiar. Cuando el Estado no hace cumplir las normas que ya existen —prohibición de sedantes en establecimientos de tatuajes, habilitación obligatoria para procedimientos invasivos, control sobre el acceso a fármacos de uso restringido—, el vacío lo llena el mercado informal, y el precio lo paga quien menos información tiene. Yenifer García confió en una cadena de recomendaciones de boca en boca. Nadie en esa cadena tenía la autoridad ni la competencia para garantizar su seguridad. El Estado colombiano tiene normas. Lo que falta es la voluntad y la capacidad de hacerlas valer antes de que llegue la ambulancia.
