La escena lo dice todo. Cuerpos de bebés en gestación avanzada y de recién nacidos aparecen en la vía pública, en hospitales o entre la basura en México con una frecuencia que la propia Arquidiócesis de México califica de «frecuente». Algunos permanecen sin ser reclamados. Otros tienen familia, pero esa familia no sabe que la ley, bajo determinadas circunstancias, le permite solicitar los restos para darles sepultura.
Este domingo, en el editorial de su semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis de México publicó un llamado formal a las autoridades sanitarias, forenses y de los gobiernos locales para que establezcan mecanismos que, «una vez cumplidos todos los procedimientos legales y periciales correspondientes», permitan entregar esos cuerpos o restos a instituciones y asociaciones debidamente acreditadas dispuestas a sepultarlos.
«Desde la Iglesia, creemos que esta posibilidad debería abrirse y facilitarse en todo el país, y no solo en algunos lugares», señaló el texto, según recoge la agencia EFE.
El órgano católico fue explícito en delimitar el alcance de su petición: «No se trata de entrar en este momento en la discusión sobre las circunstancias que provocaron cada muerte. Reconocemos que el cuerpo humano, después de la muerte, debe tratarse con respeto, por su propia dignidad humana». Las asociaciones que ya operan en este espacio, aclaró la Arquidiócesis, «no buscan sustituir a las familias ni obstaculizar investigaciones judiciales o sanitarias».
El argumento de fondo es cultural tanto como jurídico. Una sociedad expresa aquello que considera valioso en «la manera en que trata a sus muertos», apuntó el texto, con énfasis particular en quienes «no tienen a nadie que pueda hablar por ellos».
La Iglesia no parte de cero. En el estado de Jalisco, la Asociación Civil Inocentes de María opera desde marzo de 2002 con un acuerdo con el gobierno estatal, y firmó también un convenio con la Fiscalía local que autorizó la entrega de cuerpos de menores no reclamados para sepultarlos dignamente. El pedido de la Arquidiócesis apunta a que ese modelo, ya probado en Jalisco, se replique a escala nacional.
Los detalles cuentan la historia. El problema que describe la Arquidiócesis no es solo pastoral: es administrativo. Las propias familias que han sufrido una pérdida gestacional, señala el texto, «desconocen que, bajo determinadas circunstancias previstas por la legislación, pueden solicitar los restos de su hijo para despedirlo y darle sepultura». La información existe en la ley; no llega a quienes la necesitan.
Lo que está en juego, en términos de principios, es la coherencia entre lo que la ley ya reconoce y lo que el aparato institucional efectivamente facilita. La Arquidiócesis no reclama nuevas normas: reclama que las existentes se apliquen con protocolos claros y que el Estado deje de ser, por omisión, el obstáculo entre una familia y el derecho a despedirse.
Que sean organizaciones de la sociedad civil, muchas de inspiración religiosa, las que hoy cubren ese vacío dice algo sobre la distancia entre el texto legal y la realidad forense en México. La propuesta no pide privilegios confesionales; pide que la dignidad de los restos humanos no dependa de la geografía ni de la suerte de toparse con un funcionario informado. Ese es un principio que debería resultar incómodo de rechazar para cualquier gobierno, independientemente de su posición sobre el aborto.
