La escena lo dice todo: cajas de medicamentos apiladas en pasillos, vecinos con bolsas de víveres y alcaldes al teléfono coordinando envíos. Tras la emergencia del 10 de agosto, la solidaridad colombiana se activó con rapidez. El problema, como ocurre en cada catástrofe, es que la buena voluntad sin orden puede convertirse en un riesgo adicional.
Por eso la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) emitió un llamado preciso: quien quiera donar medicamentos, insumos o dispositivos médicos debe hacerlo únicamente a través de una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), un servicio farmacéutico o una entidad legalmente habilitada. No hay atajos.
Las reglas del juego sanitario
La ACSC ancló su llamado en normativa vigente: la Resolución 1403 de 2007 y el Decreto 2200 de 2005, ambos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Bajo ese marco, los productos donados deben estar legalmente autorizados para su comercialización en Colombia, debidamente identificados, sellados e íntegros, y haber sido almacenados y transportados en condiciones adecuadas.
Cuando el producto lo exige, la cadena de frío es innegociable. Tampoco pueden entregarse artículos con señales de alteración, deterioro o fraude, ni productos con fecha de vencimiento expirada o sin registro sanitario cuando este sea exigible.
La recepción debe quedar documentada y acompañada de una revisión técnica realizada por personal competente. Los bienes recibidos no podrán ser comercializados ni destinados a fines lucrativos.
Jaime Alberto González, presidente de la ACSC para el periodo 2026-2028, resumió la postura de la organización: «Una donación segura, útil y conforme con la normativa es una verdadera expresión de solidaridad».
La recomendación práctica es comunicarse con la institución receptora antes de llevar cualquier producto, para saber qué necesita y qué está en capacidad de recibir.
Alcaldes que apadrinan alcaldes
En paralelo, la Federación Colombiana de Municipios puso en marcha el «Plan Padrino entre Alcaldes». La lógica es simple: un municipio con capacidad apadrina a una comunidad afectada. El alcalde padrino lidera la recolección de ayudas entre habitantes, empresas y organizaciones locales, y los recursos se envían al municipio escogido según sus necesidades prioritarias.
El apoyo puede incluir medicamentos, alimentos no perecederos, carpas, cobijas, colchonetas, almohadas, kits de aseo, plantas eléctricas y otros elementos de primera necesidad. Hasta el momento de publicación, 17 municipios afectados cuentan con un municipio padrino dentro de esta estrategia.
Para las donaciones en dinero, la Federación señaló que deben canalizarse a través del «Fondo Milagro», creado por el Gobierno nacional para atender la emergencia. Los alcaldes y demás interesados pueden comunicarse al número 316 447 9587 o consultar el sitio web de la Federación Colombiana de Municipios.
Lo que está en juego
Los detalles cuentan la historia. Que dos organizaciones —una científica, otra de gobiernos locales— hayan tenido que emitir protocolos de donación dice algo sobre la magnitud del evento del 10 de agosto y sobre la respuesta espontánea que generó.
Desde la perspectiva de Hemisferio, la iniciativa del «Plan Padrino» merece atención por una razón de fondo: es coordinación horizontal entre municipios, sin depender exclusivamente del aparato central del Estado. Cuando los gobiernos locales se organizan entre sí y movilizan a la sociedad civil y a la empresa privada, el socorro llega más rápido y con menos burocracia. Esa es la arquitectura correcta para una emergencia: subsidiariedad real, no centralismo de emergencia. El «Fondo Milagro» del Gobierno nacional existe, y los donantes en efectivo deben usarlo; pero la energía territorial que mueve carpas, colchonetas y medicamentos en 17 municipios ya tiene nombre propio: los alcaldes que decidieron no esperar.
