El jueves sacudió el sur andino. El domingo, el gobierno peruano firmó el decreto.
Tras el terremoto de magnitud 7,2 registrado días atrás, el Ejecutivo declaró estado de emergencia en cinco distritos del país: Chumpi, Coracora, Pullo y Upahuacho, en la provincia de Parinacochas, y Carapo, en la provincia de Huanca Sancos. Ambas provincias pertenecen a la región Ayacucho, una de las zonas más remotas y empobrecidas del interior peruano.
La medida tendrá una vigencia de 60 días. Según el decreto publicado en el diario oficial El Peruano, el objetivo es habilitar «la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación». El sismo ha dejado cerca de 500 personas afectadas y tres heridos.
La maquinaria del Estado en movimiento
Las labores de emergencia quedaron bajo la conducción del Gobierno Regional de Ayacucho y los gobiernos locales comprendidos, con coordinación técnica del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). A ellos se suman los ministerios de Salud, Educación, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Transportes y Comunicaciones, Interior y Defensa.
El decreto detalla con precisión los bienes habilitados para donación en situaciones de desastre: medicamentos, bloqueadores solares, vacunas, equipos médicos, repelentes de insectos, alimentos, bebidas, prendas de vestir y textiles para abrigo. También maquinaria y equipo, generadores eléctricos, combustibles, materiales de construcción, plantas potabilizadoras de agua, radios a transistores y baterías, materiales de plástico, carpas, toldos y sacos de dormir.
La norma establece, además, que los servicios de catering, médicos, transporte y logística de despacho, traslado y almacenaje serán de prestación gratuita durante el período de emergencia.
Los detalles cuentan la historia.
La lista de bienes autorizados revela la magnitud real del golpe: cuando un decreto de emergencia debe especificar carpas, sacos de dormir y plantas potabilizadoras, el daño en infraestructura básica es severo. Las provincias de Parinacochas y Huanca Sancos no figuran en los titulares habituales de Lima; son territorios donde el Estado llega tarde y la economía informal es la norma, no la excepción.
Desde la línea editorial de Hemisferio, la respuesta institucional merece dos lecturas simultáneas. La primera es positiva: la activación coordinada de múltiples ministerios y del Indeci en menos de 72 horas muestra que el aparato de gestión de desastres tiene protocolos que funcionan. La segunda es más incómoda: la dependencia absoluta de la acción estatal en zonas donde la inversión privada, la infraestructura y los mercados locales son prácticamente inexistentes deja a las comunidades sin ningún amortiguador propio frente a un sismo. Cuando el único proveedor de agua potable, techo y alimento es el decreto de turno, la vulnerabilidad no es solo geológica; es estructural.
El principio en juego es viejo y sigue siendo válido: las sociedades con tejido económico diverso, propiedad privada consolidada y mercados activos se recuperan más rápido de los desastres naturales que aquellas donde todo depende de la cadena burocrática. Ayacucho, lamentablemente, sigue siendo un ejemplo del segundo caso. Los 60 días de emergencia aliviarán el golpe inmediato. La pregunta que nadie formula en el decreto es qué ocurre el día 61.
