La escena lo dice todo. De los 250 árboles de limón que Edna Flórez Vergara cultivó durante más de dos décadas en la vereda San Cayetano, en San Luis, solo uno sobrevivió al paso del fuego. Tres limones colgaban de sus ramas el día que ella hizo el recuento. El 90% de sus 14,75 hectáreas quedó reducido a cenizas; su casa, sus enseres y casi todos sus animales, también. «Sentía uno impotencia, porque hicimos todo lo que estuvo al alcance de nosotros mismos con baldes», relató Flórez Vergara, quien cuantificó sus pérdidas en más de 200 millones de pesos.
Su historia no es la excepción. Es el resumen de una crisis que tiene contra las cuerdas al Tolima.
El tamaño del desastre
Según cifras de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), los incendios han consumido más de 30.000 hectáreas de cobertura vegetal en al menos 28 municipios del departamento. Solo en agosto, las autoridades contabilizaron cerca de 304 focos de incendio en 30 municipios distintos; en algunos días, las conflagraciones activas simultáneamente llegaron hasta 32, principalmente en Honda, San Luis, Valle de San Juan, Suárez y Ortega.
A 23 de agosto, la gobernadora Adriana Magali Matiz reportaba nueve incendios activos, con San Luis, Coello y Suárez como los municipios más vulnerables. Las llamas han afectado cultivos de limón, maíz, aguacate, café, mango y plátano, y al menos 18.000 cabezas de ganado se quedaron sin fuente de alimento. La Gobernación calcula que las pérdidas económicas superan los 44.000 millones de pesos solo en el sector agropecuario.
En Coello, tres focos activos —Chagualá, El Despertar de las Aves y Potrerillo— pusieron en riesgo una planta de Ecopetrol en la zona. Para atender la emergencia, el departamento movilizó más de 600 bomberos, aviones de la Policía, helicópteros del Ejército y avionetas de fumigación de empresas privadas, con descargas de agua incluso durante la noche.
La pregunta que nadie quiere responder del todo
En medio del desastre, tanto el Gobierno Nacional como la Gobernación han abierto investigaciones sobre si parte de los incendios responden a acciones deliberadas. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló durante un balance oficial en el departamento que el Gobierno maneja información sobre la presunta participación de disidencias de las Farc y estructuras dedicadas a la minería ilegal, que estarían generando quemas en municipios como Ortega para distraer a la Fuerza Pública, obstaculizar esquemas de seguridad e inducir un estado de desorden. «Se van a tomar medidas para investigar básicamente las manos criminales que puedan estar provocando estos incendios», afirmó el ministro.
La gobernadora Matiz respaldó esas sospechas: «Tenemos pruebas y serios indicios de manos criminales en los incendios forestales, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si existen manos criminales, vamos a aplicar el artículo 350 del Código Penal, que establece el delito de incendio con penas de prisión de hasta 22 años».
En zonas rurales de Venadillo y Lérida, algunos habitantes han señalado que hombres en motocicleta estarían recorriendo la zona para provocar incendios, aunque hasta el momento no hay pruebas ni identidades confirmadas de los presuntos responsables.
No todas las voces oficiales apuntan en la misma dirección. Olga Lucía Alfonso, directora de Cortolima, explicó que en su mayoría los incendios forestales son provocados de manera voluntaria e involuntaria por acciones humanas no necesariamente vinculadas al conflicto armado. La entidad ya ha remitido varios casos a la Fiscalía e iniciado procesos sancionatorios por quemas «controladas» no autorizadas. Desde mayo, Cortolima prohibió cualquier tipo de fogata en el departamento, incluidas las recreativas y las quemas a cielo abierto.
El drama humano tiene también un episodio que resume la magnitud de la desesperación: según confirmó el alcalde de Ortega, Diego Matiz, un campesino de la vereda Balsa Frutero se quitó la vida luego de que los incendios acabaran con sus cultivos de caña, un trapiche y otra infraestructura construida durante años de trabajo.
Lo que está en juego
Para Hemisferio, el cuadro que dibuja el Tolima es más que una emergencia ambiental. Es la fotografía de lo que ocurre cuando el Estado cede terreno —literal y figuradamente— a estructuras criminales que operan con impunidad en zonas rurales. Si las investigaciones confirman la participación de disidencias y redes de minería ilegal, el fuego no habrá sido solo un fenómeno climático: habrá sido un instrumento de guerra contra la propiedad privada y el trabajo campesino.
La política de «paz total» del Gobierno Petro lleva meses siendo cuestionada por quienes advierten que la negociación sin resultados concretos deja espacios que los grupos armados aprovechan. Los 44.000 millones de pesos en pérdidas agropecuarias, los cultivos destruidos y la vida truncada de un campesino en Ortega son el costo real de esa ecuación. El fuego se apaga; la pregunta sobre quién lo encendió, y por qué pudo hacerlo, no.
