El cerro de Las Mercedes, en el municipio de Suárez, concentra la mayor angustia de la Gobernación del Tolima esta semana. El fuego avanza hacia una empresa instalada en la zona y la gobernadora Adriana Magali Matiz no oculta la urgencia: sin apoyo aéreo, el perímetro no se sostiene.
La escena lo dice todo. Veinticuatro incendios activos al mismo tiempo en un solo departamento, una cifra que desborda la capacidad de respuesta terrestre y obliga a pedir refuerzos a la Fuerza Aeroespacial, al Ejército y a la Policía Nacional. «A esta hora son 24 incendios que tenemos en el departamento del Tolima, unos incendios que tienen una gran magnitud y que deben ser trabajados de manera inmediata con ayuda helicoportada», declaró Matiz.
Los puntos críticos se distribuyen por buena parte del mapa tolimense: Coello, Suárez, Carmen de Apicalá, Armero, Alvarado, Ortega, Chaparral y Coyaima. Cada nombre es un frente abierto; cada frente, una carrera contra el viento y la sequía.
El campo, la víctima silenciosa
Más allá del riesgo inmediato a la infraestructura, la emergencia golpea con fuerza al sector agropecuario. Cerca de 20.000 hectáreas han resultado afectadas, según informó la propia gobernadora. La pérdida de pastos en municipios como San Luis, Valle de San Juan, Ortega y Chaparral ha dejado a más de 18.000 cabezas de ganado sin alimento. A eso se suman daños en cultivos, incluidos los de limón, que representan el sustento de productores que ya venían golpeados por la volatilidad del mercado.
«Hablamos de casi 20.000 hectáreas que se han afectado. Hablamos del sector agropecuario, que tiene una afectación muy fuerte», resumió Matiz.
Por esa razón, la Gobernación ha solicitado una mesa de trabajo con el Ministerio de Agricultura para cuantificar las pérdidas y definir mecanismos de atención a los productores. Sin esa interlocución institucional, los agricultores y ganaderos afectados quedan a la espera de decisiones que se toman lejos de sus parcelas.
Solidaridad desde afuera, reconstrucción desde adentro
La respuesta no ha llegado solo del gobierno departamental. Veinticinco unidades de los Bomberos de Bogotá se sumaron a los esfuerzos, junto con refuerzos provenientes de Boyacá, Caquetá, Valle del Cauca y Huila. La gobernadora agradeció públicamente ese despliegue: «Reconocimiento muy especial a todos los organismos de socorro que nos han apoyado en esta tarea».
Pero apagar el fuego es solo la mitad del problema. La Gobernación contempla también la reconstrucción de más de 1.500 viviendas afectadas. Para financiarla, tiene previsto un concierto el 5 de septiembre con el objetivo de recaudar recursos a través de bonos solidarios. El fortalecimiento del cuerpo de bomberos y la preparación ante el fenómeno de El Niño completan el plan de acción anunciado por Matiz.
Lo que está en juego
La crisis del Tolima no es un episodio aislado: es la fotografía de lo que ocurre cuando la infraestructura de respuesta a emergencias llega al límite y el aparato estatal tarda en articularse. Veinticuatro incendios simultáneos exigen coordinación en tiempo real entre fuerzas militares, cuerpos de bomberos de múltiples departamentos y ministerios que operan desde Bogotá con agendas propias.
El sector productivo tolimense —ganaderos, limoneros, agricultores de subsistencia— no puede esperar mesas interminables ni trámites burocráticos mientras el pasto sigue ardiendo y el ganado no come. La libre empresa y la propiedad privada rural solo sobreviven si el Estado cumple su función más básica: proteger vidas y bienes cuando la naturaleza golpea. Esa es la deuda que la Gobernación le reclama hoy al gobierno nacional, y la respuesta que llegue —o no llegue— definirá cuánto tarda el Tolima en volver a ponerse de pie.
