La escena lo dice todo. Una habitante de Chaguala, en el municipio de Coello, grita frente a las llamas que avanzan por un parque público: «La cancha se nos está quemando, se nos está quemando todo, necesitamos ayuda». A solo 30 minutos de Girardot, el fuego consume lo que encuentra a su paso.
En lo que va de agosto, Tolima acumula cerca de 304 focos de incendio activos en 30 de sus 47 municipios. Más de 30.000 hectáreas de cobertura vegetal han sido destruidas, una extensión que supera en más de dos veces toda la zona urbana de Medellín, según consigna la fuente. Cientos de familias han resultado afectadas.
Los detalles cuentan la historia. En la vereda San Cayetano, municipio de San Luis, los hermanos Vergara perdieron sus cultivos de limón. «Siente uno impotencia. Hicimos todo lo que estuvo al alcance de nosotros con baldes de agua, ya no nos daban ni los brazos tratando de hidratar las casas», relató Edna Flórez Vergara, quien tuvo que cubrirse con trapos mojados cuando el fuego se acercó a su vivienda.
Las condiciones climáticas han sido determinantes: temperaturas cercanas a los 40 grados, ausencia de lluvias durante casi un mes y fuertes vientos dificultan el control y aceleran la propagación.
Un municipio de sexta categoría contra el fuego
Santiago Herrera, alcalde de Coello, no esconde la magnitud del problema. «La situación es muy crítica, incontrolable, insostenible, angustiosa para nosotros y para la comunidad. Si no hay una dirección clara, una directriz del Presidente, esto va a desbordar el país», advirtió en entrevista con Blu Radio. El funcionario precisó que su municipio cuenta con una sobretasa bomberil de 150 millones de pesos y que el despliegue actual de 150 unidades de bomberos y rescatistas implica un gasto de 6 millones de pesos diarios, una carga insostenible para una administración de ese tamaño.
El Ejército, cuerpos de bomberos de distintos departamentos y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) han llegado a apoyar. Pero no alcanza. Camilo Prieto, profesor de Energía y Sostenibilidad de la Universidad Javeriana, señaló que «es indispensable que el Gobierno Nacional active la solicitud de ayuda internacional», pues Colombia no tiene capacidad suficiente para atender varias conflagraciones de manera simultánea.
El presidente Abelardo De la Espriella reaccionó: ordenó a la Fuerza Pública reforzar presencia en los municipios afectados e instruyó al director de la UNGRD, David Santiago Tamayo, a solicitar apoyo a Chile y Estados Unidos.
El rastro criminal
Las autoridades tienen indicios de que detrás de algunos focos hay intervención humana. Durante sobrevuelos y recorridos, los organismos de socorro han encontrado nuevos focos en lugares donde el incendio ya había sido controlado o donde previamente no se había detectado actividad. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló el fin de semana que detrás de los incendios en Tolima podrían estar las disidencias de las Farc y redes de minería ilegal.
El alcalde de Coello matizó esa hipótesis: confirmó indicios de personas que reactivarían focos apagados, pero descartó, al menos en su municipio, vínculos con cultivos ilícitos o presencia de grupos armados, pues aseguró que Coello no registra historial de esa naturaleza. El propio De la Espriella ordenó investigar si hay manos criminales detrás de las conflagraciones.
Las pérdidas solo en el sector agrícola ascienden a unos $50.000 millones, según estimación de la Gobernación del Tolima. La Defensoría del Pueblo advirtió que los incendios comprometen derechos fundamentales: vida, salud, acceso al agua, alimentación, vivienda y medios de vida. El Ministerio de Salud anunció que reforzará la vigilancia en esas zonas para mitigar daños respiratorios y cardiovasculares, priorizando niños, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas.
Lo que está en juego
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La emergencia del Tolima expone una fractura estructural: municipios pequeños, con presupuestos mínimos, enfrentando catástrofes que superan cualquier capacidad local mientras el aparato estatal central llega tarde y con recursos insuficientes. Las familias campesinas —que no esperan subsidios sino condiciones para trabajar su tierra— son las que pagan el precio más alto: cultivos destruidos, viviendas amenazadas, medios de vida borrados en horas.
Si los indicios de sabotaje criminal se confirman, la responsabilidad del Estado se vuelve doble: falló en prevenir y falló en proteger. La libre empresa rural, el pequeño productor, el municipio que se autofinancia con lo justo, no pueden ser los amortiguadores de una emergencia que el Gobierno Nacional tardó en dimensionar. La pregunta que queda abierta es cuántas hectáreas más —y cuántas familias más— habrá que contar antes de que la respuesta sea proporcional al desastre.
