La escena lo dice todo. Un modelo de sensores remotos analizando cerca de 500.000 elementos expuestos —edificaciones, puentes, redes— mientras el polvo del sismo todavía no se había asentado del todo. Así arrancó el cálculo que el presidente Abelardo de la Espriella presentó ante el país: 30 billones de pesos en pérdidas materiales directas como primera estimación del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto.
La cifra se divide en dos grandes bloques, según los datos suministrados por De la Espriella: 24,5 billones de pesos en edificaciones y 5,5 billones de pesos en infraestructura. Los departamentos evaluados son Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, los cinco con mayores afectaciones estructurales directas.
Detrás del número hay una metodología. El ingeniero civil Omar Darío Cardona, fundador y gerente de Ingeniar Risk Intelligence —la firma que realizó el estudio técnico—, explicó en entrevista con Blu Radio que el cálculo responde a una simulación técnico-científica de modelación probabilista de riesgo. En lugar de un censo predio a predio, la firma utilizó sensores remotos y modelos de exposición para estimar el comportamiento de las estructuras ante las ondas sísmicas. El resultado preliminar: alrededor de 27.000 viviendas destruidas por completo y más de 127.500 inmuebles con severas averías en los cinco departamentos.
Pero el propio Cardona fue enfático en señalar los límites del informe. Primero, el balance es «preliminar» y se irá ajustando conforme se caracterice en detalle cada región afectada. Segundo, el estudio no cubre otras diez zonas del país que también registraron afectaciones, por lo que las pérdidas seguirán en aumento. Tercero, y quizás el punto más relevante para quienes toman decisiones presupuestales: los 30 billones miden el valor de los elementos perdidos bajo las condiciones en que se encontraban, no lo que cuesta reponerlos. Reconstruir exigirá estructuras que cumplan las normas sismorresistentes modernas y diseños de reforzamiento avalados por curadurías urbanas, lo que eleva el presupuesto necesario de forma significativa.
A eso se suma lo que la cifra oficial directamente excluye: el impacto económico indirecto en la productividad nacional, la interrupción de actividades comerciales y la pérdida de empleos. En otras palabras, 30 billones es el piso, no el techo.
El Gobierno ha anunciado el denominado «Plan Milagro» como respuesta. El esquema contempla subsidios de vivienda, alivios en servicios públicos y la creación de un fondo de reconstrucción financiado bajo un estado de emergencia económica. De la Espriella también ha pedido a los bancos reducir tasas de interés para facilitar la reconstrucción de viviendas.
Los detalles cuentan la historia. Un fondo de reconstrucción bajo emergencia económica es, en la práctica, gasto público extraordinario que el Estado colombiano deberá financiar en un momento en que las finanzas nacionales ya enfrentaban presiones. La pregunta que los mercados y los contribuyentes se hacen no es si el dinero llegará, sino de dónde vendrá y bajo qué condiciones.
Desde la perspectiva de Hemisferio, la magnitud del desastre justifica una respuesta estatal robusta y urgente; nadie discute eso. Lo que sí merece escrutinio es la arquitectura del «Plan Milagro»: si los subsidios y el fondo se diseñan con criterios de eficiencia, transparencia y participación del sector privado en la reconstrucción, el dinero de los contribuyentes puede rendir. Si, en cambio, el aparato estatal concentra la ejecución sin contrapesos ni competencia, la historia latinoamericana de reconstrucciones post-desastre ofrece lecciones poco alentadoras. De la Espriella tiene en sus manos una oportunidad para demostrar que el Estado puede actuar con velocidad y con orden al mismo tiempo. La cifra final de la reconstrucción dirá si lo logró.
