La Resolución de Gabinete N.° 75, de 11 de agosto de 2026, convirtió a Panamá en uno de los pocos países de la región con una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial formalmente adoptada. El paso importa. La inteligencia artificial, como reconoce el propio documento, «está reorganizando nuestro presente, desde la administración pública y las finanzas hasta la educación, la salud y el mercado laboral». No es una discusión que pueda postergarse.
La estrategia se articula en varios pilares. El cuarto, denominado «Gobernanza y ética», establece como objetivo «crear un marco de gobernanza ágil, transparente y ético que fomente la innovación al tiempo que protege derechos, evitando una burocracia excesiva». La formulación suena razonable. El problema, según un análisis publicado en La Prensa, aparece cuando se examina la arquitectura institucional que respalda esos principios.
El Instituto Nacional de IA Aplicada (INIAA) figura en el documento como «catalizador operativo y consultor», pero el texto aclara que está «concebido no como un regulador, sino como motor de ejecución». Ahí surge la primera tensión: promover la innovación y fiscalizarla son funciones distintas, y confundirlas en un mismo organismo sin contrapesos independientes es una apuesta arriesgada. ¿Quién tendrá suficiente independencia y capacidad para establecer límites cuando una aplicación de inteligencia artificial vulnere derechos? La estrategia no responde con claridad.
El apartado sobre regulación es aún más explícito en su orientación. El documento afirma que «la estrategia rechaza la regulación de IA restrictiva» y que «favorece un enfoque proinnovación que evolucione con la tecnología». Desde la lógica del mercado y la competitividad, el argumento tiene peso: una regulación prematura y rígida puede ahogar sectores enteros antes de que maduren. Pero el análisis publicado en La Prensa plantea la otra cara: ¿quién asume las consecuencias cuando la experimentación tecnológica produce daños?
La propia estrategia reconoce el riesgo. Los sistemas con «impacto social significativo», señala el documento, «requerirán Evaluaciones de Impacto Ético (EIE) y supervisión humana». También contempla que los modelos sean probados frente a «sesgos contra la población panameña». Son avances concretos. Pero detectar un sesgo no equivale a resolverlo: falta precisar quién audita, quién responde por los daños y qué mecanismos independientes tendrá la ciudadanía para cuestionar o impugnar decisiones automatizadas que afecten sus derechos.
Los detalles cuentan la historia. Una estrategia que declara proteger derechos pero no especifica el órgano con poder real para hacerlo cumplir corre el riesgo de convertirse en un catálogo de buenas intenciones. La transparencia, advierte el análisis, «no puede agotarse en informar que existe un algoritmo». Una gobernanza democrática exige capacidad para comprender, cuestionar e impugnar las decisiones automatizadas.
El análisis invoca a Kant —«nunca simplemente como medio»— para recordar que ninguna innovación debería convertir al ser humano en un simple dato. Es una advertencia filosófica, pero también práctica: los sistemas de IA que toman decisiones sobre crédito, empleo, salud o seguridad no son neutrales. Codifican prioridades. Y esas prioridades las fijan personas, instituciones y, en última instancia, gobiernos.
Para Hemisferio, la estrategia panameña ilustra una tensión que ningún país ha resuelto del todo: cómo incentivar la inversión tecnológica sin dejar al ciudadano desprotegido frente a errores algorítmicos que pueden costarle un préstamo, un empleo o algo más grave. El rechazo a la burocracia excesiva es un principio sano; la ausencia de un árbitro independiente con dientes es otra cosa. Mulino apostó por la velocidad y la apertura, lo cual es coherente con la vocación de Panamá como hub de negocios. La pregunta que queda abierta es si esa apuesta incluye también los mecanismos para que el libre mercado de la IA no se convierta en un mercado sin reglas de juego claras para quienes resulten perjudicados. Esa respuesta, por ahora, no está en el documento.
