La escena lo dice todo. En agosto de 2026, Katrín Jakobsdóttir, ex primera ministra de Islandia, y Nicola Sturgeon, ex primera ministra de Escocia, publicaron un artículo conjunto en el que pedían a los gobiernos del mundo adoptar un nuevo marco de la ONU para medir el bienestar más allá del Producto Interior Bruto. El texto, firmado a título personal, no es un ejercicio académico: es el manifiesto de una red de gobiernos que lleva ocho años construyendo una arquitectura alternativa al indicador económico más influyente del planeta.
El argumento central es conocido en los círculos de política pública, pero raramente se enuncia con tanta franqueza desde el poder. El PIB sube cuando se tala un bosque y cuando se limpia un derrame de petróleo. Sube con la especulación financiera. Pero no registra el cuidado de un padre a un hijo, la confianza ciudadana en las instituciones ni el tiempo que tarda un paciente en ver a un médico. Así lo plantean Jakobsdóttir y Sturgeon en su texto, citando el nuevo marco de la ONU denominado «Beyond GDP», que propone un tablero de 31 indicadores para complementar al PIB.
La trastienda de esta iniciativa tiene fecha de nacimiento: hace ocho años, Jakobsdóttir y Sturgeon fundaron junto a la neozelandesa Jacinda Ardern la alianza Wellbeing Economy Governments. A ella se sumaron posteriormente Gales y Finlandia, con Canadá participando activamente. El resultado práctico más citado es el de Islandia, donde se introdujeron 39 indicadores de bienestar construidos a partir de consultas ciudadanas. El PIB pasó a ser «una medida entre muchas», junto a la esperanza de vida, las necesidades sanitarias no cubiertas, la privación material y el equilibrio entre trabajo y vida personal. Una de las políticas derivadas fue la extensión del permiso parental a 12 meses, con seis meses reservados para cada progenitor y seis semanas transferibles.
En Escocia, el Monitor de Economía del Bienestar midió el desempeño económico «real» para las personas, acompañado de un Marco Nacional de Resultados incorporado a la ley y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las políticas que siguieron incluyeron la duplicación de la educación en la primera infancia, un pago directo para reducir la pobreza infantil y legislación sobre «Community Wealth Building», descrita en el artículo como la primera norma nacional de ese tipo en el mundo.
Los protagonistas de esta corriente no se limitan al norte de Europa. Bután lleva más de 50 años con su marco de Felicidad Nacional Bruta, articulado en nueve dimensiones que incluyen estándares de vida, salud, educación y diversidad ecológica. Malasia presentó el año pasado un plan que incorpora salud pública, sostenibilidad ambiental y resiliencia económica, sustituyendo el retorno sobre la inversión por lo que sus autores llaman «retorno sobre los valores». Y el concepto andino de Buen Vivir —proveniente de los pueblos quechua— está escrito en las constituciones de Ecuador y Bolivia desde 2008.
El desenlace institucional más reciente es el informe de un grupo de expertos de alto nivel designado por el secretario general de la ONU tras el Pacto para el Futuro, que propone ese tablero de 31 indicadores con recomendaciones para gobiernos, empresas, academia y sociedad civil.
Los detalles cuentan la historia. Lo que Jakobsdóttir y Sturgeon describen no es solo un cambio estadístico: es una reconfiguración de los criterios con los que los gobiernos fijan presupuestos, evalúan políticas y rinden cuentas. «Medir lo que importa es solo el comienzo», escriben; los indicadores de bienestar «deben también dar forma a los presupuestos, las decisiones de política y la manera en que los gobiernos son responsabilizados».
Aquí es donde la propuesta merece una lectura más fría. El marco «Beyond GDP» no es neutral: amplía el perímetro de lo que el Estado declara como su responsabilidad y, con ello, el perímetro de su intervención. Cuando un gobierno se compromete legalmente con indicadores de «equilibrio trabajo-vida» o «diversidad ecológica», no solo mide más: justifica gastar más, regular más y redistribuir más. La pregunta que el artículo no responde es quién paga esa ampliación del mandato estatal y bajo qué mecanismo de control democrático se fijan los pesos de cada indicador. El contribuyente que financia el aparato burocrático encargado de producir 31 indicadores en lugar de uno tiene derecho a saberlo. El PIB, con todos sus defectos, tiene al menos la virtud de ser difícil de manipular políticamente. Un tablero de bienestar diseñado por expertos designados por organismos internacionales ofrece muchos más grados de libertad para que los gobiernos elijan qué medir según lo que les conviene mostrar.
