La escena lo dice todo.
El presidente José Raúl Mulino convocó en Panamá a representantes de 19 países para el foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles. Ante ellos, con Pete Hegseth —secretario de Guerra de Estados Unidos— como interlocutor de peso, pronunció la frase que resumía su postura: «Con el narcotráfico no se negocia y no se pacta».
Días antes, o quizás días después —los calendarios del poder rara vez coinciden con sus proclamas—, ese mismo gobierno celebraba en el Palacio de las Garzas un pacto legislativo que coronaba a Shirley Castañeda en la Presidencia de la Asamblea Nacional. Castañeda, según consigna la columnista de La Prensa en su análisis, fue abogada de Cholo Chorrillo, descrito como uno de los narcotraficantes más notorios del país. En el mismo almuerzo aparece Raúl Pineda, señalado como ligado a la operación antinarcóticos Jericó.
La fotografía de ese encuentro existe. La pregunta que flota en el ambiente panameño es si Mulino la mostró en el foro.
La táctica del manto
El episodio no se agota en la contradicción. Mulino fue más lejos: en el mismo discurso donde rechazaba cualquier pacto con el narco, convirtió a sus críticos en sospechosos de servir a los cárteles. Alertó sobre un «falso patriotismo dispuesto a entregar una nación a un puñado de narcotraficantes a cambio de dinero sucio» y apuntó a «organismos internacionales que financian bufetes de abogados, comunicadores y organizaciones que aparentan defender causas sociales», cuya «finalidad», dijo, «es servirles a los carteles».
Acusaciones de esa gravedad exigen nombres y pruebas. Sin ellos, lo que queda es un manto de sospecha sobre cualquier voz que incomode al gobierno. Cuestionar la militarización de la protección del Canal o exigir respeto a la Constitución no convierte a nadie en aliado de los cárteles, ni en «falso patriota».
El Ministerio de la Presidencia cuenta con 27 asesores en planilla que cuestan 1,2 millones de dólares al año, según los datos que circulan en el debate público panameño. Si el gobierno sabe quiénes son esos abogados y comunicadores al servicio de los cárteles, tiene recursos humanos y legales para denunciarlos ante el Ministerio Público.
La Asamblea y el reglamento al revés
El mismo patrón se repite en el Legislativo. La reforma al reglamento interno de la Asamblea había sido durante meses una bandera anticorrupción de los bloques independientes —Vamos y Seguimos—. La aplanadora oficialista aprovechó el debate para aprobar un texto que, según el análisis publicado, resulta peor que el vigente: incluye una disposición que permitiría a los diputados cobrar como si estuvieran en el pleno mientras realizan actividades en sus circuitos.
El resultado es un juego de suma cero para la oposición. Si Mulino sanciona las reformas, la mayoría obtiene poderes ampliados que, según se señala, violarían la Constitución. Si las veta, el presidente se presenta como el freno de los excesos y los diputados oficialistas alegan que ellos «sí intentaron reformarse». En cualquier caso, el reglamento vigente —con fueros, prerrogativas y nombramientos intactos— sigue operando mientras se resuelve el teatro.
Y quienes exigieron cambios terminan señalados como responsables del desastre.
Los números del aparato
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Entre el Ejecutivo y el Legislativo, el gasto en asesores alcanza unos 22 millones de dólares anuales. El próximo presupuesto contempla 37 millones en publicidad estatal. Son cifras que figuran en el debate público y que ningún argumento condescendiente puede ocultar, como apunta el análisis de La Prensa.
Los recursos no faltan. Lo que falta es la voluntad de usarlos para lo que se proclama en los foros internacionales.
Lo que está en juego
Panamá tiene un activo estratégico que ningún otro país posee: el Canal. Su estabilidad jurídica, su credibilidad institucional y su capacidad para atraer inversión dependen, en buena medida, de que el Estado de derecho no sea solo retórica de foro. Cuando un gobierno convoca a 19 naciones para hablar de lucha antinarcóticos y al mismo tiempo teje alianzas legislativas con figuras vinculadas a ese mundo, el daño no es solo moral: es reputacional y económico.
La libre empresa, los inversores y los ciudadanos que pagan impuestos merecen algo más que grandes palabras seguidas de pequeños pactos. Si Mulino quiere que Panamá sea «una nación libre y no un narcoestado», como él mismo declaró, el primer paso es coherencia entre el discurso y la lista de comensales. Los pájaros, por ahora, siguen tirándole a las escopetas.
