La escena lo dice todo. Desde el aire, Panamá aparece como una mancha verde interrumpida apenas por ciudades y carreteras. Ese color no es decorado: es la base material sobre la que descansa buena parte de la economía del país.
Según estimaciones citadas por el profesor del Centro Regional Universitario de Los Santos de la Universidad de Panamá, el 80% de la biomasa —el peso total de materia viva en el planeta— pertenece a las plantas. Un dato que suena abstracto hasta que se traduce en términos concretos: arroz, frijoles, maíz, forraje para el ganado, madera, medicamentos y, sobre todo, el agua que mueve el Canal de Panamá.
Son precisamente las plantas de la cuenca del Canal las que mantienen las condiciones hidrológicas que permiten el funcionamiento de esa vía interoceánica, vital para el comercio internacional. Sin cobertura vegetal suficiente, no hay regulación del ciclo del agua. Sin regulación del agua, no hay tránsito de buques. La cadena es corta y frágil.
Productores primarios, no ornamento
Las plantas transforman luz solar, agua y dióxido de carbono en glucosa y oxígeno. Son, en el lenguaje de la ecología, los productores primarios de las cadenas alimenticias. Todo lo que viene después —animales, microorganismos, seres humanos— depende de ese primer eslabón. La periodista Zoë Schlanger, en su libro de 2024, las describe como «devoradoras de luz» y propone leerlas como organismos con una inteligencia propia, alejada de la perspectiva antropocéntrica tradicional.
Más allá de la metáfora, el argumento económico es sólido. Los animales de cría que producen carne y leche se alimentan de plantas. Las industrias farmacéutica, textil y alimentaria extraen de ellas materias primas que ningún proceso industrial puede replicar de forma autónoma, al menos por ahora. Perder una especie vegetal, advierte el autor, puede significar perder un compuesto activo que habría curado una enfermedad o una fuente de alimento aún no explorada.
Panamá no es una excepción a esta lógica: es uno de sus ejemplos más nítidos. El recorrido por carretera desde Yaviza hasta Paso Canoas atraviesa cultivos, pastizales, viveros y bosques que sostienen comunidades enteras. Esa diversidad de usos del suelo es también un inventario de riesgos: cada hectárea deforestada es una apuesta contra la productividad futura.
El marco legal y la responsabilidad privada
Las plantas también se defienden solas, hasta cierto punto. Producen metabolitos secundarios —armas químicas propias— capaces de repeler plagas y atraer a sus enemigos naturales. Pero frente a las decisiones humanas sobre el uso del territorio, esa resiliencia tiene límites claros.
El autor señala que la protección de las plantas depende, en última instancia, del marco legal vigente en Panamá y de las decisiones que tomen tanto los entes públicos como los privados. La formulación es relevante: no apunta solo al Estado como guardián, sino a todos los actores con presencia en el territorio.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que el nivel del lago Gatún marcó mínimos históricos y la Autoridad del Canal tuvo que reducir el calado permitido para los buques. Fue un recordatorio brutal de que la infraestructura más valiosa de Panamá no es de acero ni de hormigón: es vegetal.
Lo que está en juego
Hemisferio no suele abrazar el alarmismo climático como palanca política, y no lo hará aquí. Pero hay una diferencia entre el alarmismo y el cálculo racional de riesgos. La cobertura vegetal de Panamá es un activo productivo con valor medible: en toneladas de alimento, en metros cúbicos de agua regulada, en moléculas farmacológicas aún sin catalogar.
La lógica del libre mercado no exige ignorar ese activo; exige valorarlo correctamente. Un marco legal que proteja la biodiversidad vegetal no es una carga regulatoria sobre la libre empresa: es la garantía de que el capital natural sobre el que opera esa empresa seguirá disponible. Los detalles cuentan la historia, y en este caso los detalles son verdes.
