La escena lo dice todo.
En el set de «Martes del Jaguar», con cantantes en vivo y cámaras del programa semanal de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores presentó el martes más reciente una nueva parodia musical dirigida al senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro «Alito» Moreno. El número no fue un acto privado de campaña ni una sátira de un ciudadano cualquiera: fue producido y difundido desde la plataforma de una funcionaria en ejercicio.
La letra del corrido, según la fuente, señala que Moreno «se fue al gabacho buscando que lo protejan», en alusión a sus viajes a Estados Unidos, donde según reportes previos presentó una denuncia ante el Departamento de Estado contra tres consejeros del INE. La pieza también hace referencia a un presunto peculado atribuido al dirigente priista. El verso más comentado responde directamente a las quejas de Moreno, quien ha calificado las acciones en su contra como una «persecución»: «Esto no es persecución, es cuestión de delincuencia», dice la letra.
El problema con esa frase no es su ritmo. Es quién la canta y desde dónde.
Una disputa que escala
La confrontación entre Sansores y Moreno no es nueva. Desde 2022, la gobernadora ha presentado en su programa corridos, boleros y parodias musicales, generalmente acompañando la difusión de audios y documentos que, según ella, exhiben actos de corrupción del dirigente priista. Lo que ha cambiado en las últimas semanas es la intensidad: el proceso de desafuero contra Moreno avanza en paralelo a las piezas musicales, y las denuncias cruzadas se multiplican.
Moreno, por su parte, ha descrito las acciones en su contra como una «persecución abierta del Estado mexicano» y ha acusado a Sansores de usar fiscalías federales y estatales en su contra, calificando a Campeche de «laboratorio de represión y venganza política». Son palabras duras, y provienen de un político con sus propios expedientes abiertos. Pero la acusación de fondo —el uso del aparato estatal como arma en una disputa política— merece ser tomada en serio independientemente de quién la formule.
Hasta el momento, no existe sentencia firme sobre el presunto peculado ni resolución oficial sobre el proceso de desafuero. El caso continúa bajo análisis de las autoridades correspondientes, según la fuente.
Los detalles cuentan la historia.
Un programa semanal de gobierno que semana a semana produce contenido de ataque personalizado contra un adversario político específico no es entretenimiento: es infraestructura de persecución con financiamiento público. Que el objetivo sea un personaje tan cuestionado como Moreno no cambia la naturaleza del instrumento. Si las acusaciones de peculado son sólidas, existen fiscalías y tribunales para sustanciarlas. Si no lo son, la parodia musical desde la tribuna oficial es, precisamente, lo que Moreno dice que es.
Para Hemisferio, el principio en juego es simple: el dinero de los contribuyentes campechanos no debería financiar la producción musical de ningún gobernador contra ningún adversario, sea priista, panista o de cualquier otro color. El estado de derecho no se defiende con corridos; se defiende con sentencias. Y mientras no haya una, la escena del martes dice más sobre el uso discrecional del poder que sobre la culpabilidad de Moreno.
