La escena lo dice todo.
Decenas de miles de ciudadanos marroquíes cruzaron en masa hacia Ceuta, uno de los dos enclaves españoles en el norte de África, hace apenas unas semanas. El episodio sacudió al presidente Pedro Sánchez más allá de la península: las tensiones se extendieron hasta Italia y pusieron en evidencia una fractura que Europa lleva años intentando tapar con retórica humanitaria.
El fin de semana siguiente sonaron las alarmas de nuevo. Se supo con anticipación de una nueva oleada que, por su magnitud, pudo haber desembocado en un conflicto militar entre España y Marruecos. Lo que evitó el choque fue, sorprendentemente, la intervención de las propias fuerzas del orden marroquíes, que detuvieron a sus ciudadanos e impidieron la travesía. Marruecos, en otras palabras, ejerció el control que le corresponde sobre sus nacionales.
Ahí está la pregunta que nadie en Ciudad de México parece querer formular en voz alta: ¿existe una responsabilidad constitucional del gobierno de cualquier país de controlar el tráfico migratorio de sus propios ciudadanos hacia el exterior?
El columnista Antonio Cuéllar, en El Financiero, la plantea sin rodeos. Y el contraste con México es difícil de ignorar: con un número «infinitamente mayor» de connacionales cruzando la frontera norte a lo largo de décadas, los mexicanos se han convertido, según Cuéllar, en «una segunda minoría ciudadana en los Estados Unidos de América».
El costo de la desorganización
La migración descontrolada, señala Cuéllar, «desde una perspectiva jurídica no deja jamás de ser una migración ilegal, por muy mal que dicho calificativo pueda percibirse en la arena de la deliberación política». La frase es deliberadamente incómoda: nombra lo que el discurso oficial prefiere envolver en eufemismos.
El fenómeno tiene dos caras que el debate público suele separar artificialmente. Por un lado, la mayoría de quienes cruzan lo hacen con fines laborales legítimos y aportan, según el mismo análisis, «capacidades fabriles y artesanales» que generan valor agregado a la economía norteamericana. Por el otro, entre esos miles de ciudadanos honestos «sí se mezclan y arriban indeseables; sujetos sin oficio dedicados a delinquir». Negarlo no lo hace desaparecer; solo alimenta el descontento en el país anfitrión.
Ese descontento tiene consecuencias electorales medibles. La migración irregular lleva años instalada en la narrativa republicana, y el electorado norteamericano lo ha expresado en las urnas con una consistencia que ningún gobierno mexicano ha sabido —o querido— procesar como señal de alerta estratégica.
La ventana y el T-MEC
El momento no es neutral. La revisión del T-MEC está sobre la mesa. Las elecciones intermedias en Estados Unidos mantienen el tema migratorio en el centro del debate político. Y la competencia con la producción china obliga a pensar en bloques productivos, no en fronteras porosas.
Cuéllar invoca a Adam Smith: desde 1776, en La riqueza de las naciones, el trabajo ya aparecía como factor asociado al crecimiento y la prosperidad. La pregunta que lanza es directa: «¿Quién ve y se ocupa por el factor trabajo que emigra en secrecía para contribuir al crecimiento de un país ajeno?»
La respuesta, hasta ahora, ha sido nadie. O peor: el aparato estatal mexicano ha preferido exportar el problema antes que administrarlo. El resultado es que millones de trabajadores latinoamericanos sobreviven «en la sombra», sin posibilidad de regresar a convivir con sus familias sin perder el acceso laboral que tanto les costó construir.
Lo que ocurrió en Ceuta sugiere que hay otra vía. Marruecos demostró que un Estado puede, cuando tiene voluntad política, ejercer control sobre sus propios nacionales sin necesidad de que sea el país receptor quien cargue con el costo político y logístico de la contención.
Lo que está en juego
Para Hemisferio, la lectura es clara: México lleva demasiado tiempo tratando la migración irregular como un válvula de escape social —una forma de exportar desempleo y descontento— en lugar de verla como lo que es: un fracaso de política pública y una oportunidad económica desperdiciada.
La dignificación del trabajador migrante, como apunta el análisis, traería «incentivos para que el migrante actúe y se desenvuelva siempre con apego a la legalidad». Eso no es retórica progresista; es lógica de mercado. Un trabajador con estatus legal, contrato y derechos definidos es más productivo, más predecible y menos vulnerable a la explotación que uno que opera fuera del sistema.
El gobierno de la presidenta Sheinbaum tiene ante sí una ventana que el episodio de Ceuta ha abierto de golpe. Usarla requiere algo que el oficialismo mexicano ha demostrado escasear: voluntad de asumir responsabilidades que incomodan al relato, y capacidad de negociar desde la fortaleza del valor real que la mano de obra latinoamericana aporta al bloque productivo norteamericano. El desenlace de esa decisión importa más allá de la frontera.
