La escena lo dice todo. En una mesa de trabajo convocada a mediados de agosto, la viceministra de Energía Eléctrica, Tania Masea, y el presidente del Metro de Caracas, Yoel Amaya, se sentaron con sus equipos a buscar la manera de que el principal sistema de transporte masivo de la capital consuma menos electricidad. No para modernizarse. No para ahorrar dinero y reinvertirlo. Sino porque el Sistema Eléctrico Nacional —del que el Metro depende para mover a más de 450.000 ciudadanos cada día, según información publicada por Ciudad CCS— no garantiza el suministro que ese servicio exige.
La reunión no fue un evento aislado. Forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que incluye ajustes en los horarios de funcionamiento de organismos públicos y llamados a la población a reducir el consumo de electricidad y agua. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, ya anunció cambios en los horarios de dependencias municipales como parte del mismo plan. El gobierno ha enmarcado todo esto como una medida preventiva ante el fenómeno climático conocido como Superniño, cuyo posible impacto sobre los recursos hídricos amenaza la generación hidroeléctrica.
La propuesta para el Metro contempla reducir la demanda energética en estaciones y áreas administrativas. Las autoridades aseguran que la prioridad será mantener la continuidad y la seguridad del servicio. Pero la sola existencia de esa evaluación revela la magnitud del problema: cuando un gobierno tiene que pedirle a su propio metro que apague luces para no colapsar la red, el diagnóstico está implícito en la pregunta.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El gobierno venezolano lleva años administrando una crisis eléctrica estructural con parches coyunturales. Los llamados al ahorro ciudadano, los ajustes de horarios en oficinas públicas, las mesas técnicas de emergencia: son instrumentos conocidos en Caracas. Lo que cambia ahora es que el alcance llega al Metro, un servicio que por su naturaleza —trenes eléctricos, señalización, ventilación, seguridad— no puede simplemente «apagar» sin consecuencias directas para cientos de miles de usuarios.
Los detalles cuentan la historia. La fuente oficial vincula la situación con el Superniño y la posible reducción de los niveles de los embalses. Esa explicación climática es parcialmente válida: la dependencia venezolana de la hidroelectricidad hace al sistema vulnerable a las sequías. Pero el fenómeno climático no construyó ni dejó de mantener las plantas termoeléctricas que deberían compensar esa vulnerabilidad en períodos secos. Esa es una decisión de política pública acumulada durante décadas.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el cuadro es inequívoco: un Estado que no ha sido capaz de garantizar el suministro eléctrico básico recurre ahora a pedirle al ciudadano —y a sus propios servicios— que consuman menos para sostener una infraestructura que el gasto público no ha sabido preservar. El «plan de ahorro» no es una política de eficiencia energética; es la administración burocrática de la escasez. La libre empresa, cuando existe, invierte en capacidad instalada porque tiene incentivos para hacerlo. El aparato estatal, sin esos incentivos, administra el déficit y lo llama planificación.
El desenlace de esta historia no lo resolverá ninguna mesa de trabajo entre funcionarios. Lo resolverá —o no— la decisión de invertir en infraestructura real, con capital privado o público, pero con criterios de resultado y no de supervivencia política. Mientras eso no ocurra, el Metro de Caracas seguirá evaluando cuánta oscuridad puede tolerar antes de que los 450.000 usuarios noten la diferencia.
