La escena lo dice todo. En algún lugar donde dialogan una parte de la oposición y el gobierno venezolano, a instancias del presidente Trump, se acordó «resolver el problema del Poder Judicial». El anuncio sonó a reforma. El analista Domingo Alberto Rangel, en un texto publicado por La Patilla, se encargó de desmontar la ilusión.
El diagnóstico de Rangel es quirúrgico: el problema no es solo el Poder Judicial, sino quiénes tienen el encargo de reestructurar «un poder inexistente en Venezuela». La frase merece detenerse. No un poder débil. No un poder capturado. Un poder que, en la práctica, no existe.
Jueces sin concurso, sueldos de carnada
La inmensa mayoría de los jueces venezolanos actuales, según Rangel, no llegaron al cargo por concurso —convocatorias que «hace mucho tiempo no se realizan»— sino como «provisorios». La consecuencia es directa: sus decisiones dependen de si los mantienen en el puesto o los sacan. La independencia judicial, primer requisito del estado de derecho, es estructuralmente imposible bajo ese esquema.
Los sueldos, apunta Rangel, son «cebos para hacerlos caer en tentaciones». Y del otro lado del espejo, advierte, por cada juez corrupto que debería estar preso habría al menos cien personas que también deberían estar «a buen resguardo en una prisión del Estado» por corruptores. La corrupción judicial en Venezuela no es un defecto individual: es el equilibrio del sistema.
Cuchitriles y carpetas
Las sedes de los tribunales son, en palabras del propio Rangel, «cuchitriles donde se amontonan carpetas y funcionarios mal pagados». Muchas carecen de plantas eléctricas en un país donde la luz «se va a cada rato». El número de tribunales, agrega, es «ridículo»: casi el mismo que cuando huyó el dictador Pérez Jiménez una madrugada, en tiempos en que los delitos —sobre todo los vinculados al narcotráfico— eran incomparablemente menores.
La carga de trabajo es kafkiana. Se acepta que por un tribunal no pasen más de 300 casos al año; algunos «ven» —y esto es un decir, subraya Rangel— decenas de miles. La mayoría termina abandonada o en acuerdos donde el indiciado «acepta la culpabilidad» para salir libre con penas accesorias. El juez, en ese esquema, no juzga. Y los abogados, señala Rangel, tampoco aprenden a juzgar: eso atañe a las universidades y a los ministerios de educación superior.
El detalle que lo cambia todo
En ese contexto llega el acuerdo de la mesita. Y ahí está, dice Rangel, «el detalle»: para los dialogantes, reestructurar el TSJ significa botar a los magistrados actuales o aumentar su número para repartirlos entre los partidos que negocian. No es reforma. Es reparto.
Los protagonistas del diálogo —gobierno y una fracción opositora— han reducido una crisis estructural de décadas a una negociación de cuotas. Los concursos, los sueldos, la infraestructura, la carga procesal, la formación de los abogados: nada de eso aparece en el acuerdo. Solo los sillones del TSJ.
La lectura de Hemisferio
Lo que describe Rangel no es una reforma judicial frustrada: es la confirmación de que el aparato estatal venezolano lleva décadas funcionando como un sistema de control, no de justicia. Un poder judicial sin concursos, sin presupuesto y sin independencia no es un poder del Estado; es una correa de transmisión del poder político de turno. Cambiar los magistrados sin cambiar esa arquitectura solo transfiere el control de unas manos a otras.
El libre mercado, la propiedad privada y la inversión —condiciones mínimas para que Venezuela salga del colapso— son imposibles sin contratos ejecutables y jueces que no dependan de la voluntad del gobierno para conservar su cargo. Si la mesita acuerda repartir el TSJ entre partidos en lugar de devolverle al ciudadano un sistema de justicia funcional, el resultado no será transición: será la misma trampa con distinto nombre en la puerta.
