El documento circuló primero en redes sociales y luego llegó a los despachos legislativos. Ocho organizaciones de librerías independientes de México, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Brasil y Uruguay firmaron un posicionamiento conjunto en el que piden a gobiernos y autoridades legislativas que implementen el Precio Único del Libro donde aún no exista, y que lo conserven, fortalezcan y hagan cumplir donde ya está vigente.
El argumento central es de competencia: según el texto, sin esa regla las empresas con mayor capacidad financiera pueden aplicar «descuentos insostenibles» para desplazar a los demás actores del mercado. El resultado, advierten, es que los libros de alta rotación se convierten en «producto gancho» mientras disminuye la disponibilidad de títulos que necesitan más tiempo para encontrar lectores.
Las organizaciones firmantes son la Red de Librerías Independientes de México, la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines, la Cámara Argentina de Librerías Independientes, la Asociación Gremial de Librerías Interdependientes de Chile, la Asociación Peruana de Librerías Independientes, la Asociación de Librerías Independientes de Ecuador, la Asociación Nacional del Libro de Brasil y la Sociedad Uruguaya de Librerías Independientes.
El posicionamiento va más allá del argumento económico. «Las librerías hacen posible mirar, hojear, preguntar, conversar y descubrir libros que quizá nunca aparecerían en una búsqueda o recomendación algorítmica», se lee en el texto. Y concluye con una declaración de principios: «Defender el Precio Único es reconocer el valor cultural del libro, la libertad de elección de los lectores y la permanencia de una red plural de librerías. Es una decisión de política cultural y un acto de soberanía cultural».
El libro, insisten, «no es una mercancía cualquiera» sino una «herramienta fundamental para la formación y el pensamiento crítico». Tratarlo como un producto más, argumentan, propicia el empobrecimiento de la oferta.
La escena lo dice todo: ocho gremios de siete países coordinan un lobby regional para que el Estado fije precios en un sector privado. La pregunta que el posicionamiento no responde es quién paga la cuenta.
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Hemisferio reconoce la legitimidad del debate cultural. Las librerías independientes cumplen una función que los algoritmos de recomendación no replican: el encuentro físico con el libro imprevisto, la conversación con el librero, la serendipia del anaquel. Eso tiene valor real y merece defensa.
Pero el instrumento elegido merece escrutinio. El Precio Único del Libro es, en su estructura, una fijación de precios impuesta por el Estado que impide a cualquier vendedor —grande o pequeño, físico o digital— ofrecer condiciones distintas a las autorizadas. El argumento de que protege la diversidad es el mismo que cualquier gremio esgrime cuando pide al aparato estatal que lo blindé de la competencia. En este caso, el consumidor —el lector— pierde la posibilidad de acceder al libro a un precio menor, y el mercado pierde la señal de precio que orienta la producción y distribución.
La ironía es que el posicionamiento invoca la «libertad de elección de los lectores» precisamente para justificar una medida que la restringe en su dimensión más concreta: la económica. Si el objetivo genuino es la pluralidad editorial, hay instrumentos menos invasivos —subsidios directos a librerías independientes, exenciones fiscales, programas de compra pública— que no requieren fijar el precio para todos los actores del mercado. La diferencia entre esas opciones y el Precio Único es la diferencia entre apoyar a un sector y obligar al consumidor a financiarlo sin saberlo. Esa distinción, en ocho países a la vez, vale la pena hacerla explícita.
